La empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ha agotado el plazo para pedir la prórroga de la planta sin presentar la solicitud ante la falta de datos sobre la reforma energética que proyecta el Gobierno, lo que le aboca al cierre en julio de 2013 porque Industria no puede demorar esa prórroga.

No obstante, Nuclenor reiteró ayer en un comunicado que Garoña reúne los requisitos técnicos de "seguridad y fiabilidad", avalados por el Consejo de Seguridad Nuclear, para seguir funcionando y solicitar la renovación del permiso, una vez se aclaren las "incógnitas que pueden afectar a su viabilidad económica".

Nuclenor solicitó el pasado 14 de agosto al Ministerio de Industria que se retrasara el plazo para poder presentar la solicitud de renovación y el 3 de septiembre pidió información para "despejar las incertidumbres regulatorias que rodean el futuro de la central de Garoña de cara a poder tomar una decisión que justificara el retorno de la inversión que esta tendría que llevar a cabo".

En este sentido, la empresa propietaria de Garoña (Endesa e Iberdrola se la reparten al 50%) ha calculado en unos 120 millones de euros la inversión que debería realizar para que la planta siga funcionando, en cumplimiento del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear y los planes de modernización permanente.

En estos últimos días la empresa propietaria de Garoña también remitió un escrito a las consejerías de Hacienda y Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León en el que solicita información acerca de las tasas, impuestos o recargos de carácter autonómico que pudieran afectar, directa o indirectamente, al funcionamiento de la central y, por lo tanto, a la decisión de pedir la renovación de su permiso de funcionamiento.

Fuentes de la empresa han asegurado a Efe que los técnicos tenían preparada toda la documentación para solicitar la prórroga del permiso de explotación de la central nuclear, aunque Nuclenor ha optado por no presentar la solicitud a la espera de que se aclaren las condiciones económicas en las que tendría que operar la planta. Fuentes de Industria aseguraron a Efe que una vez agotado el plazo para solicitar la prórroga, esta no se podría tramitar, porque la Orden Ministerial limitaba la fecha tope para la solicitud, por lo que se requeriría un nuevo acuerdo del Gobierno para que Nuclenor pudiera formular esta petición.

Fuentes del sector achacan la decisión de no solicitar la renovación de la licencia de explotación de la planta a la apuesta de Industria por las tecnologías más caras de generación, como las fotovoltaicas y las termosolares.

Ampliar ese plazo para solicitar la prórroga es inviable, según ha comunicado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Industria, según informa la edición digital del diario El País.

Además, el reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), de 1999, establece que un año antes de la fecha de cierre el titular debe comunicarlo oficialmente para preparar la clausura.