La Iglesia española tiene previsto establecer oficinas para recoger las denuncias sobre abusos a menores y ha recalcado que cualquier religioso que tenga conocimiento de estos delitos tiene la obligación de denunciarlos, tanto si han prescrito como si no.

Así lo avanzó el secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente, en la que se ha estudiado el borrador del decreto general sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables que está redactando la Iglesia española para actualizar los protocolos en los casos de abusos a menores.

El texto definitivo será trasladado a la Asamblea Plenaria de los obispos, que se celebrará el próximo mes de noviembre y en él se incluirán las recomendaciones del Vaticano y el vademécum anunciado durante el encuentro de presidentes de Conferencias Episcopales Europeas en febrero.

Argüello ha explicado que el borrador del Decreto General prevé la obligación de establecer oficinas para recoger las denuncias sobre abusos a menores y obliga a cualquier persona que conozca la realización de un delito a denunciarlo.

Aunque el decreto general no está finalizado, Argüello ha afirmado que las orientaciones y recomendaciones del borrador ya están sirviendo a las diócesis, escuelas católicas y congregaciones religiosas.

Preguntado sobre la fiscalización de las cuentas de la Iglesia por parte del Tribunal de Cuentas, Argüello ha afirmado que, hasta el momento, no han recibido "ninguna solicitud" por parte del Ministerio de Hacienda, del de Justicia ni del propio tribunal fiscalizador. "Nosotros estamos dispuestos a ofrecer todas las explicaciones que se nos pidan", ha apuntado.