El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que todas las instituciones implicadas en el caso del homicidio del niño de 9 años de Lardero, ocurrido el jueves pasado, se han atenido "al principio de legalidad".

Ha indicado que en el suceso "han estado incorporadas todas las instituciones, que han trabajado como han entendido razonable, Instituciones Penitenciarias, la Fiscalía y el propio juez de vigilancia penitenciaria".

Ha recordado que "la persona a la que se le imputa el asesinato de Álex tuvo acceso desde 2013 a permisos penitenciarios, y disfrutó de 39", para a continuación señalar que en febrero de 2020, "cuando ya había cumplido tres cuartas partes de la condena, se le otorga un tercer grado restringido; en abril, el juez de vigilancia penintenciaria le da la libertad condicional".

El ministro ha mostrado su "solidaridad" y "apoyo" del Gobierno de España "a los padres, al hermano y a toda la familia, y amigos de Álex". Sobre las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que exigía "responsabilidades" al ministro por el tercer grado del asesino, éste ha señalado: "Tenemos una derecha, una oposición, a la que le gusta instrumentalizar las tragedias humanas con carácter político".

Legislar en caliente

Además, el ministro ha reflexionado que "legislar en caliente no suele ser la mejor técnica" ante aquellos que cuestionan si hay que endurecer o no las leyes. "Las leyes tienen que ser consecuencia de un debate sosegado y tranquilo", ha dicho, y ha añadido que "las leyes deben ir dirigidas a garantizar la seguridad de los ciudadanos y más de los colectivos más vulnerables, como los menores de edad".

El ministro ha recordado que ya en 2010 "se adoptaron medidas complementarias como la libertad vigilada para condenados por delitos de esta naturalezas". "Estamos valorando todo lo que acontece en sucesos como éste para sacar las conclusiones necesarias", ha reconocido.