La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha querido este martes lanzar un mensaje de "tranquilidad" para "no alarmar" a los pensionistas y ha asegurado que en la agenda del PP no está previsto el incremento del copago farmacéutico.

En declaraciones a TVE, Montserrat ha precisado que revisar los actuales tramos no significa incrementar el copago de los pensionistas con las rentas más altas, sino "a lo mejor que les bajes a los que tienen menos".

"No alarmemos a los pensionistas y por eso quiero tranquilizarles", ha insistido la ministra, quien ha defendido la reforma que el PP hizo la pasada legislatura en esta materia al ser preguntada sobre la posibilidad de suprimir el copago para los pensionistas con las rentas más bajas.

Actualmente, los pensionistas que perciben menos de 18.000 euros al año tienen un límite de copago de 8 euros mensuales; los que cuentan con rentas anuales de más de 18.000 y hasta 100.000 euros tienen un tope de 18 euros, y para los de más de 100.000 el límite es de 62 euros al mes.

La ministra ha incidido en que está dispuesta a estudiar en el tramo de entre 18.000 y 100.000 euros y ha señalado que para tomar una decisión escuchará a los expertos de dentro y fuera del Ministerio, además de a los grupos parlamentarios.

Con el resultado del informe, que aun no se ha empezado a elaborar, "decidiremos" en función del consenso.

Con las declaraciones de hoy, la ministra ha aclarado que no está "reculando" porque, según ha comentado, "dije lo mismo en mi comparecencia (en el Congreso), ayer y hoy mismo".

Respecto a por qué el Gobierno no se atreve a modificar las patentes de los medicamentos para bajar el precio de los mismos, Montserrat ha asegurado que la industria farmacéutica está haciendo "un gran esfuerzo para rebajar los costes y que todo el mundo tenga acceso" a los fármacos.

En cuanto a las cláusulas suelo de las hipotecas, la también responsable de Consumo ha recordado que el Gobierno estudia la posibilidad de establecer un procedimiento extrajudicial para facilitar el acuerdo entre el consumidor y los bancos y, de esta forma, evitar que los clientes tuvieran que acudir a un juzgado y los costes que esto conllevaría.