El Gobierno británico impondrá condenas de cárcel a los responsables de los matrimonios forzosos, en general los padres de las víctimas, para acabar con lo que considera una forma de "esclavitud". El primer ministro británico, David Cameron, dio a conocer su plan para ilegalizar esta práctica, que afecta a unas 8.000 personas al año en el Reino Unido y que se da sobre todo en comunidades de origen paquistaní.

Los relatos escalofriantes de jóvenes, incluso de niñas, obligadas a casarse en contra de su voluntad y llevadas a otros países a contraer matrimonio han hecho que el Gobierno tome cartas sobre el asunto para penalizar este tipo de uniones. El plan tendrá forma de proyecto de ley a finales de este año o principios de 2013, cuando está previsto que sea presentado ante el Parlamento de Westminster, según indicó una portavoz del Ministerio británico de Interior.

El Gobierno no adelantó cuál será la pena de cárcel que se impondrá, pero la legislación diferenciará el matrimonio forzado del concertado, cuando dos familias arreglan la boda de sus hijos y éstos aceptan la unión por razones culturales. La legislación, de ser aprobada, se aplicará en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, ya que Escocia tiene ya una ley de este tipo que penaliza con hasta dos años de cárcel a quien obligue a una persona a casarse con otra en contra de su voluntad.

Cameron advirtió de que los responsables de los matrimonios forzosos -en general padres o hermanos- afrontarán "penas muy duras" porque se trata de un "delito" y una forma de "esclavitud". La decisión de tipificar como delito estos matrimonios ha sido tomada después de un periodo de consulta de doce meses, que permitió recoger opiniones de las víctimas y de organizaciones benéficas que ayudan a los afectados, además de los ciudadanos. Además de penalizar esta práctica, el Gobierno destinará fondos para facilitar asesoramiento a las víctimas y para que las escuelas británicas ayuden a detectar estos casos entre sus alumnos a fin de poder denunciarlos. Al mismo tiempo, las embajadas del Reino Unido ayudarán a rescatar a víctimas británicas para que puedan regresar a su país.

Cameron hizo una visita a la Unidad de Matrimonios Forzosos, un centro en el que trabajan funcionarios de distintos departamentos para detectar este tipo de casos. El primer ministro dijo que durante mucho tiempo el Reino Unido consideró estas uniones como una "práctica cultural" de ciertas comunidades. "Esto es un delito", dijo Cameron, que insistió en que se quiere enviar un "mensaje claro y fuerte" de que esta práctica no será tolerada. También se refirió a la cantidad de relatos de mujeres jóvenes obligadas a casarse con alguien que muchas veces no conocen e incluso son llevadas a otro país para contraer matrimonio. "Una niña de 15 años, sacada de la escuela, llevada a otra parte del mundo, presentada ante una persona con la que estará obligada a casarse, verá su vida arruinada", dijo el primer ministro.

Por su parte, la ministra británica de Interior, Theresa May, dijo que todas las personas tienen "el derecho" de tomar sus propias decisiones, por lo que los matrimonios forzosos suponen una "práctica aterradora" y "no serán tolerados". Según unas cifras divulgadas por el Ministerio de Interior, de las denuncias recibidas, el 87 por ciento corresponde a víctimas mujeres y un 13 por ciento a hombres. La mayor parte de los casos, el 47 por ciento, proceden de comunidades de origen paquistaní, pero también hay de Bangladesh, India, Afganistán, Turquía, Sri Lanka, Iraq, Egipto y Nigeria.

Miles de vidas arruinadas en el Reino Unido

En el Reino Unido miles de personas, en muchos casos menores de edad, son obligadas cada año por sus familias a contraer matrimonios forzosos, una experiencia que muchas veces acaba en agresiones, violaciones e incluso suicidio. "Es una práctica muy extendida entre determinadas comunidades en las que impera el control familiar", explica Diana Nammi, directora de IKWRO, una organización que cada año trata con más de cien casos relacionados con mujeres de Irán y el Kurdistán que viven en el Reino Unido. Nammi sostiene que a veces esta práctica, que calificó como "un delito que arruina la vida de los afectados" (hombres y mujeres) y que les deja "terribles huellas psicológicas", está motivada por problemas económicos. "Es muy común que las familias intenten resolver sus dificultades financieras casando a sus hijos con miembros de su comunidad que pagan dotes sustanciosas", relató.

La unidad especial creada por el Gobierno británico para hacer frente a este problema registró el año pasado 400 casos en los que las víctimas eran menores de edad, incluida una niña de cinco años. La mayoría de estos matrimonios se produce durante viajes de la familia a su país de origen, donde los afectados permanecen un tiempo antes de volver al Reino Unido o bien se quedan de por vida.

Este fue el caso de Sameem Ali, de 42 años, que, tras haber sido víctima de un matrimonio forzoso se ha convertido en una de las caras británicas más visibles del problema y ahora se dedica a ayudar a otros afectados. Ali tenía 13 años cuando su madre la llevó de vacaciones a Pakistán, algo que en un principio le resultó emocionante, hasta que se dio cuenta de que el objetivo era casarla con un hombre que le doblaba la edad y al que no conocía. Meses después, tras haber sido víctima de violentas agresiones, volvió al Reino Unido embarazada y, tras enfrentarse con su familia, consiguió finalmente divorciarse y emprender una nueva vida.

Casos como el de Ali son descritos por Aisha Gill, criminóloga de la universidad londinense de Roehampton, como "una violación del derecho a la autonomía del ser humano". La autora del libro Matrimonios forzosos explicó que, aunque también hay hombres entre las víctimas, la mayoría son mujeres, por lo que calificó esta práctica de "un claro ejemplo de violencia de género".

Desde 2008, las autoridades británicas decidieron hacer frente al problema y pusieron en marcha una unidad dependiente del Ministerio de Interior que se encarga, incluso, de repatriar a aquellos que son obligados a casarse en el extranjero. Además, se creó un mecanismo legal para proteger a las personas que sienten la amenaza de convertirse en víctimas de matrimonios forzosos. Ahora, el Gobierno ha querido ir más lejos y propone criminalizar esta práctica, que con la nueva ley podría conllevar penas de prisión para los padres. "Es una medida necesaria. Es importante lanzar un mensaje claro a estas comunidades de que el matrimonio forzoso no es algo cultural, es un delito inadmisible", sostiene Diana Nammi.

Una postura muy contestada por parte de otros expertos y afectados que consideran que la ley puede tener un efecto contrario y disuadir a las víctimas de denunciar por temor a que sus familias sean castigadas. Así lo cree Aisha Gill, quien señala además que la medida puede suponer que las víctimas que denuncien puedan enfrentarse a castigos más duros por parte de sus padres y que estos, para evitar el procesamiento, envíen a sus hijos durante más tiempo a otros países.