SOS Racismo ha pedido hoy la adecuación a la realidad de la ley de Extranjería, concebida en su opinión "al revés" de como debería porque incluye cuestiones "difícilmente aplicables" como la del contrato en origen, circunstancia que, al no poder cumplirse en muchos casos, agrava la situación del inmigrante.

Así lo ha manifestado la coordinadora de la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo-Granada, Carmen Caldera, en la presentación del informe anual 2008 sobre el racismo en el Estado español, según el cual la explotación laboral, el hacinamiento y los abusos por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad siguen marcando la estancia de los inmigrantes en el país.

El informe analiza diez cuestiones fundamentales relacionadas con la inmigración y el racismo, como los derechos laborales y sociales que asisten a este colectivo de la población, que siguen "cobrando menos que los nacionales" y sin que se le reconozcan el derecho al voto ni a la sindicación, entre otros, ha explicado Caldera.

SOS Racismo ha hecho especial hincapié en la situación de las inmigrantes empleadas de hogar, a las que considera "las nuevas esclavas del siglo veintiuno", con jornadas excesivas y sin apenas derechos laborales.

Advierte también el informe de la falta de política de vivienda social especialmente dirigida a los inmigrantes que residen en España, el 20 por ciento de los cuales dispone de menos de diez metros cuadrados para vivir, mientras que el 47 lo hace como inquilino arrendado por la negativa de las inmobiliarias a alquilarles casas y un 19 por ciento en condiciones de hacinamiento.

En cuanto al ámbito educativo, durante el curso 2007/08 el 69 por ciento del alumnado extranjero estaba escolarizado en escuelas públicas frente al 31 por ciento en centros privados o concertados.

Para SOS Racismo, el hecho de que la mayoría de los menores inmigrantes se concentren en la escuela pública puede propiciar la formación de guetos y fomentar la discriminación y la violencia.

Sobre los menores no acompañados, el informe recrimina que las comunidades autónomas no asuman su responsabilidad respecto a la situación de desamparo.

Otro de los puntos abordados por el estudio son los "abusos" por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos y privados, que en ocasiones practican "un racismo amparado por el secretismo y la impunidad y potenciado por el funcionamiento del sistema judicial".

SOS Racismo, que precisa no obstante que esos abusos parten de un pequeño sector policial, ha advertido igualmente de la "impunidad" de los grupos de extrema derecha y del discurso xenófobo practicado por algunos partidos.