Los derechos humanos de las personas discapacitadas, en especial en materia educativa, legal y de ocio, no están garantizados y requieren no sólo nuevas leyes, sino también la aplicación de las ya existentes y la imposición de sanciones por incumplimiento.

Ésta es una de las principales conclusiones que se desprenden del informe elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para informar a la ONU sobre la adaptación de España a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que alerta de que sólo "El 1% de la población con discapacidad no ha completado sus estudios primarios frente al 2,1% de la población en general, y sólo un 10% tiene estudios universitarios".

El informe detalla lagunas, incumplimientos y fallos de la legislación española y la práctica cotidiana, que "en muchos casos, sigue tratando a las personas con discapacidad como personas de segunda", afirmó la delegada del Cermi para la convención, Ana Sastre.

Sastre destacó a la prensa la obligación del Gobierno de revisar todo lo relativo a discapacidad en materia legal y planteó ejemplos como el que el Código Penal actualmente permite la esterilización forzosa de las personas con discapacidad, un tratamiento al que se ven sometidas especialmente las mujeres.

También la recién aprobada ley del aborto es "claramente discriminatoria" puesto que establece distintos plazos de interrupción del embarazo dependiendo de que se trate de un feto que presente o no presuntas discapacidades.

La incapacitación judicial y los internamientos involuntarios por motivos de discapacidad también deben ser revisados y adaptados a la Convención, apuntó Sastre.

En materia educativa, la principal objeción del Cermi es el hecho de que los niños con discapacidad sean dirigidos a centros específicos, vulnerando así la libertad de sus padres de elegir centro escolar para sus hijos en función de si existen apoyos para niños con necesidades especiales o no.

"Los niños quedan a merced y al servicio de los apoyos, en vez de los apoyos estar al servicio de los niños", planteó Sastre, para quien este tipo de "dificultades" resulta en que los menores con discapacidad abandonan el sistema educativo mucho antes que los demás, lo que dificulta aún más su inclusión en el mundo laboral.

La responsable del Cermi advirtió que también en materia de educación y laboral, la mujer discapacitada "sale aún más perjudicada", por lo que consideró "muy necesaria una política de género específica" para mujeres con discapacidad.

Otro aspecto en el que los derechos de los discapacitados no están garantizados es en materia de ocio y tiempo libre, denunció la organización, que destaca que pese a que la legislación y normativa está "muy desarrollada" en España, no se cumple y no se controla su cumplimiento.

"Cuando no se cumplen las medidas de accesibilidad en un teatro, cine, centro comercial o centro de ocio se están vulnerando los derechos de los discapacitados", denunció Sastre, para quien "es necesario mejorar el sistema de protección de derechos y cumplimiento de las normas".

En cuanto al seguimiento de las vulneraciones, el Cermi criticó las "serias dificultades" para conocer el número de procedimientos judiciales abiertos por estas causas y apuntó la conveniencia de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "siga estos asuntos, como sigue los de delitos de violencia de género".