Sociedad

Soria dice que podría haber una relación directa entre los terremotos en Castellón y la inyección de gas

  • Desde hace casi un mes se producen "microseísmos" que han ido aumentando en intensidad y frecuencia. Industria paraliza la actividad del almacenamiento hasta que haya "garantías totales para la seguridad de la población".

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho que, según el Colegio Nacional de Geólogos y el Instituto Geográfico y Minero, "parece ser" que hay una "relación directa" entre la inyección de gas en el almacenamiento subterráneo de Castor, frente a las costas de Castellón, y los "microseísmos" en la zona. "El almacenamiento podría estar en el origen de los seísmos pero todavía no tenemos constancia científica de ello. Serán los expertos lo que tendrán que determinarlo", ha afirmado Soria en declaraciones a Onda Cero.

El ministro ha recordado que el pasado jueves, después de que se registrara un seísmo de magnitud 3,6 grados de intensidad en la escala Richter, el Ministerio de Industria dictó una resolución para parar "todo tipo de actividad adicional" en Castor "hasta que se sepa exactamente lo que está pasando". Técnicos del Ministerio de Industria han visitado las instalaciones del Proyecto Castor, tanto las terrestres como la plataforma marina, según confirmaron fuentes de la empresa, con el fin de determinar si los seísmos están relacionados con la inyección  de gas. Los técnicos recaban información para determinar si el aumento de la actividad sísmica en el Golfo de Valencia guarda relación con esta infraestructura, que el 14 de junio comenzó los trabajos para el llenado de gas colchón con casi un año de retraso sobre los plazos previstos inicialmente.

Desde el pasado 13 de septiembre se viene produciendo una serie de "microseísmos" que han ido aumentando en intensidad y frecuencia, según alertó el vocal del Colegio de Geógrafos de España y experto en Riesgos Naturales, Jonathan Gómez Cantero. Así, hace dos días se registró un seísmo de 3,6 grados de magnitud en la escala Richter, que fue sentido por la población en la costa, y la madrugada del martes esta intensidad aumentó hasta los 4,2 grados.

El almacén Castor no funcionará hasta que haya garantías

El ministro de Industria ha asegurado que la actividad del almacenamiento de gas Castor no se reanudará "mientras no haya garantías totales para la seguridad de la población". En declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, Soria ha insistido en que "lógicamente no se autorizará a inyectar nuevo gas" mientras no se cuenten con todas las garantías.

Soria ha dicho que "lo que tenía la instalación era una autorización provisional para hacer pruebas", que actualmente se encuentra en suspenso "hasta que sepamos exactamente qué ha pasado", algo se conocerá "en los próximos días". En ese sentido, ha subrayado que "no se dará la autorización definitiva" hasta que no se conozca la relación exacta entre los movimientos sísmicos y la instalación. Ha insistido en que "ahora mismo la prioridad del Gobierno es saber por qué se están produciendo esos movimientos sísmicos" y que, hasta que no se desvele, "no podemos decir cómo vamos a actuar". Para ello, el Gobierno ha establecido una coordinación entre los ministerios de Interior, Agricultura, Economía e Industria bajo la dirección de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, el Gobierno está en contacto con la Generalitat de Cataluña, la de Valencia, las delegaciones de Gobierno y los expertos de los institutos geográfico y geológico.

En el plano económico, ha indicado que la financiación de esta infraestructura "corre a cargo de todo el sistema" gasista, pero solo una vez que empiece a funcionar, algo que todavía no ha sucedido. Sin embargo, Soria no ha aclarado si se plantea la posibilidad de suspender definitivamente el proyecto ni, en su caso, quién asumiría los costes de inversión, porque "no estamos en esa hipótesis". Por otra parte, ha señalado que el proyecto Castor contaba con una declaración de impacto ambiental, concedida en 2009, en la que el "no estaba incluido" ningún "posible riesgo sísmico".

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