Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Dirección General, quienes señalaron que una vez tuvieron conocimiento del informe elaborado por la funcionaria que recogió el testimonio del recluso, se inició una investigación interna para esclarecer los hechos y se le abrió un expediente disciplinario al empleado, encargado de las labores de vigilancia, a quien se le han suspendido sus funciones.

  Según las mismas fuentes, en estos momentos Instituciones Penitenciarias están investigando el informe, "siempre poniendo los hechos en cuestión" al tratarse de una denuncia de un suceso "que hay que contrastar". En caso de que se detecten indicios de constitución de delito, el departamento, perteneciente al Ministerio del Interior, pondrá la causa en conocimiento del fiscal para que adopte las medidas oportunas. 

  En este sentido, la Dirección General justificó que la apertura de la investigación interna y la suspensión provisional de las funciones del vigilante son la medida administrativa que desde este departamento puede tomarse, ya que "corresponde a la Justicia decidir si se trata o no de un delito".

  De acuerdo a los artículos 181, 182 y 183 del Código Penal, el empleado podría haber incurrido en un delito de abuso sexual por prevalimiento. "Estamos investigando el informe y si hay indicios de que los hechos ocurrieron así, el fiscal se encargará de ratificar qué tipo de delito se ha producido", incidieron desde Instituciones Penitenciarias. 

  En concreto, la funcionaria que elaboró el informe, según el diario local, sorprendió el pasado viernes al recluso saliendo del baño y abrochándose la cremallera del pantalón, mientras en el interior del aseo había otro funcionario. Instantes después, el recluso confesó lo sucedido a la funcionaria, que elaboró el informe y lo remitió a la dirección del centro penitenciario de Palma.