El Tribunal Supremo ha declarado que una adicta a la cocaína, que no confesó sus antecedentes psiquiátricos inducidos por la droga en la declaración para suscribir un seguro, tiene derecho a cobrar 173.000 euros por la invalidez inducida por la droga, dado que la aseguradora no le preguntó por su salud mental.

Es decir, el Alto Tribunal ha validado la declaración de salud que firmó una adicta a la cocaína para que Rural Vida S. A. la cubriera con un seguro de vida e invalidez. Y lo hace a pesar de que ella nunca confesó que existía un alto riesgo de invalidez por su consumo crónico de la droga. La razón para ello es que la entidad aseguradora no fue lo bastante precisa en la declaración de salud que la obligó a suscribir.

"Ha de ser la aseguradora la que soporte la imprecisión del cuestionario y la consecuencia de que por tal imprecisión no llegara a conocer el estado de salud de la asegurada en el momento de suscribir la póliza", dice el Supremo. Y como consecuencia de ello, la compañía deberá abonar 171.939,45 euros a la tomadora, una mujer que padece psicosis inducida por el consumo de cocaína y que por esa razón ha sido declarada en situación de invalidez.