Convertir la educación en elemento esencial de la Ley de Mecenazgo para incentivar a particulares y empresas a financiar la Universidad es un tema pendiente en España, tal y como han demostrado las diferentes opiniones surgidas tras proponerse que los ciudadanos apadrinen a estudiantes con pocos recursos. La idea sugerida como una "acción de emergencia" por la rectora de la Universidad de Málaga y también presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, para que haya una bolsa de particulares que apadrinen alumnos tiene una base filantrópica que no supone una gran novedad en el mundo universitario.

El rector de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), Fernando Galván, ha explicado que se recibe financiación de empresas y particulares, aunque "no es lo normal" que esas donaciones vayan destinadas a la matrícula de los estudiantes. Se trata de una idea "adecuada" que podría "facilitar" el pago a los alumnos, pero "nunca debería ser una sustitución de la financiación pública", ha recalcado.

Ya en febrero pasado, el informe de la Comisión de expertos nombrada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para la reforma universitaria, proponía "impulsar y potenciar una nueva Ley de Mecenazgo que ayude e incentive a particulares y empresas a promover la financiación de actividades científicas y de investigación". También apuntaba que "sería deseable potenciar el mecenazgo, con un trato fiscal muy generoso" para que en las universidades fueran frecuentes las cátedras con nombre, comunes en las anglosajonas.

Galván ha afirmado que en la Universidad de Alcalá de Henares docentes y alumnos se benefician de cátedras patrocinadas, por ejemplo, por Telefónica y Vodafone, e incluso existe una sobre medio ambiente denominada Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que responde al nombre de una mujer que falleció dejando su dinero a fines filantrópicos. La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una treintena de cátedras de patrocinio para cursos y doctorados de investigación, como la Isaac Costero de ciencias biomédicas, financiada por el Banco de Santander.

El rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Conde, ha señalado que el mecenazgo para ayudar a sufragar costes de formación es muy común en otros países y que ideas como las de la rectora andaluza son "positivas". Ha anunciado que en su facultad se está ultimando un plan de ayudas a estudiantes con dificultades económicas y en breve confía que será implantado y se desplegarán actuaciones orientadas a captar fondos de mecenazgo. Pero ha insistido en que esa solidaridad no debe "enmascarar" la "falta de respuestas gubernativas a la demanda social de acceso a la formación" de los jóvenes.

En la actualidad, el gasto medio por estudiante universitario en España es de unos 10.000 euros por curso (con diferencias según el tipo de estudios y entre comunidades), especifican los expertos. El 80% de la financiación de las universidades públicas procede de fondos públicos, dato similar al de Francia o Portugal; mientras que por el contrario, en el Reino Unido es del 35% y es parecido al de EEUU. A partir del curso 2012-2013, los alumnos deben sufragar entre el 15 y el 25% -según decida cada comunidad- del coste de las enseñanzas de grado y máster de profesiones reguladas y del 40 al 50% en el resto de posgrados, según la legislación estatal.

Desde el alumnado, el portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), Aratz Castro, ha dicho que "no es negativa" una iniciativa que consiga que ningún alumno se quede sin estudiar, pero que no se debe convertir en "un sistema alternativo al de las becas". Ha recordado que los propios expertos resaltaban que se dispone de "un sistema de becas y ayudas al estudio muy deficiente" y que intensificar la financiación privada con el incremento de matrículas podría "acrecentar los riesgos de falta de equidad y de exclusión del sistema universitario de las rentas más bajas".

El Sindicato de Estudiantes cifra en 35.000 los alumnos que este curso no han podido acceder a becas por los nuevos requisitos de notas exigidos, lo que sumado al aumento de tasas ha agravado la situación de los universitarios con pocos recursos. La Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest) ha comentado que "quien tiene que apadrinar a los estudiantes que ha dejado tirados es el Ministerio de Educación". La Federación de la Enseñanza de UGT ha considerado que la propuesta "no ofrece una solución global" y "se acerca más a lo que podríamos denominar caridad que a la justicia social".