La muerte de dos hombres tras sendas reducciones policiales, ocurridas en apenas tres horas en Barcelona y en Salou (Tarragona), ha vuelto a situar en el punto de mira la actuación de los Mossos d'Esquadra cuando todavía arrastran la polémica por un caso similar en el barrio barcelonés del Raval. Ambos casos ya están siendo investigados por la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra, aunque el consejero de Interior, Ramon Espadaler, ha avanzado que la actuación de la policía catalana fue correcta en los dos episodios, de acuerdo con los primeros indicios que tiene sobre la mesa. 

La primera de las muertes ocurrió hacia las 18:22 del sábado en la plaza Molina de Barcelona, adonde los Mossos fueron requeridos por los dueños de un bar porque había un hombre muy exaltado que molestaba al resto de clientes en la terraza del local. De acuerdo con la versión de Interior, dos agentes de una patrulla acudieron al lugar y pidieron al hombre que se identificara, pero siguió mostrándose hostil y muy exaltado, por lo que solicitaron refuerzos. Seis agentes de la policía catalana intervinieron para reducir al hombre, el actor y doblador Alfonso Bayard, que una vez esposado se empezó a encontrarse mal y murió. El actor, que ha trabajado como intérprete secundario en varias series televisivas, se mostró agresivo con los agentes, a dos de los cuales mordió y agarró por los testículos cuando intentaban esposarlo, según el testimonio del dueño del local donde se desencadenó el incidente. 

Cerca de las 22:00, otro detenido moría tras ser reducido por los Mossos d'Esquadra en un piso de la calle Bruselas de Salou adonde habían acudido alertados por los gritos de auxilio de su pareja, a quien el fallecido había estado supuestamente golpeando y acuchillando. De acuerdo con la versión policial, el hombre, de 45 años, se mostró muy violento y golpeó a los agentes que intentaban reducirlo y, una vez esposado, perdió la conciencia y murió sin que los servicios médicos de urgencia lograran reanimarle. En este caso, algunos vecinos del fallecido han comentado su carácter agresivo y sus problemas de adicción al alcohol y a las drogas. 

En declaraciones a la prensa arropado por el director de la Policía, Manel Prat, y por el comisario jefe Josep Lluís Trapero, Espadaler ha defendido la actuación de los Mossos en ambos casos y ha transmitido un "mensaje de serenidad y tranquilidad" a los ciudadanos, mientras pedía que se investigue el caso "sin hacer prejuicios, ni criminalizar" la actuación policial. 

Estas dos últimas muertes han puesto de nuevo en la palestra la actuación de las patrullas de seguridad ciudadana de los Mossos d'Esquadra, cuando todavía sigue vivo el debate por la contención a golpes del empresario Juan Andrés Benítez en el barrio barcelonés del Raval. Diez mossos d'esquadra permanecen imputados por la reducción de Benítez, cuyas imágenes grabadas por vecinos se han reproducido en televisiones y redes sociales, aunque los agentes defendieron ante la juez que se limitaron a emplear técnicas de contención aprendidas en la Escuela de Policía, por lo que los golpes que propinaron al fallecido eran de "distracción". 

También un juez de El Vendrell (Tarragona) ha imputado a ocho mossos d'esquadra y a dos miembros del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por la muerte de un detenido en una celda de comisaría, donde fue inmovilizado con correas. En noviembre pasado, otro detenido falleció en un calabozo de la comisaría de Les Corts, aunque el consejero desvinculó de inmediato su muerte del proceso de detención y custodia. 

La celeridad con que Interior ha acordado investigar las últimas muertes contrasta con su actitud en el caso Benítez, en que Asuntos Internos no abrió una información reservada hasta quince días después del suceso, una vez el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona había abierto diligencias para aclarar lo sucedido. Además, a los agentes implicados en el caso de Benítez, Interior les citó a declarar al mes de la muerte, cuando ya estaban imputados, mientras que los que redujeron a Bayard ya han sido interrogados por la DAI. El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), mayoritario en los Mossos, ha defendido que la actuación de los mossos en los dos últimos casos ha sido "totalmente correcta" y ha atribuido las muertes a un cóctel de dolencias cardiacas, estupefacientes y episodios violentos por parte de los detenidos.