Sociedad

La presidenta del Piamonte, dispuesta a acoger la muerte de Eluana en su región

  • Tras la negativa de la clínica Ciudad de Udine, se le concede la desconexión de la sonda que la mantiene con vida, a la joven italiana en estado vegetativo desde 1992

La presidenta del Piamonte (norte de Italia), Mercedes Bresso, se ha mostrado dispuesta a que en alguno de los centros sanitarios de su región se lleve a cabo la desconexión de la joven Eluana Englaro, en coma vegetativo desde 1992, de la sonda que la mantiene con vida. "A nosotros no se nos ha pedido nada, pero si se nos pide no habría ningún tipo de problemas", aseguró Bresso desde Bruselas, tras su reunión con el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso. "Si se nos pide, nosotros estamos dispuestos. Obviamente en estructuras privadas, porque las públicas están bajo las órdenes del ministro" de Sanidad, Maurizio Sacconi, añadió.

Esta es la primera muestra pública de disponibilidad a la desconexión de la sonda de la joven italiana, después de que el pasado viernes la clínica "Ciudad de Udine" diera marcha atrás y anunciara que finalmente no facilitaría la muerte de Eluana, que autorizó en noviembre de 2008 el Tribunal Supremo de Italia. La clínica "Ciudad de Udine" justificó esta decisión en la circular que el Ministerio de Sanidad italiano envió el pasado diciembre a los centros sanitarios públicos y privados del país para prohibir que acogieran la desconexión de la sonda naso-gástrica que mantiene con vida a Eluana, de 38 años.

"El tema continúa igual. Yo había dicho ya que estábamos dispuestos a respetar la ley, porque creemos que se debe respetar la ley y a quien en este caso tiene la tutela, la patria potestad", afirmó Bresso."Es legítimo estar preocupados por el hecho de que no se llegue a matar a las personas que ya no sirven. Pero en este caso, ha habido un largo camino. Hay una decisión del Tribunal (Supremo) que ha valorado todas las razones de esta situación", añadió. Por el momento, Eluana Englaro sigue a la espera de que algún centro del país se decida a aplicar la sentencia del Supremo que la autoriza a morir y por la que su familia ha peleado durante más de una década.

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