Sociedad

El tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia es de 432 días

  • El Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia aprueba un nuevo plan de choque.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. / Efe

Las personas que solicitan atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan una media de 432 días para recibir respuesta de la administración, según los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), que publica el Imserso.

Unas cifras, a fecha del 30 de septiembre de 2020, que recoge el nuevo Plan de Choque de la Dependencia, aprobado este viernes en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia, cuyos objetivos prioritarios son reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones económicas y las condiciones de los profesionales.

El sistema incluye actualmente a 1,1 millones de personas beneficiarias con derecho efectivo a prestaciones, mientras que unas 380.000 personas están a la espera de un procedimiento, según señaló el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.

Con un incremento de 600 millones de euros en la financiación del SAAD por parte de la administración general del Estado, el acuerdo fija un calendario para implementar de forma progresiva todas las medidas en un plazo de tres años.

Un respaldo económico que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se compromete a incluir en sus propuestas para los presupuestos de 2022 y 2023 "con una magnitud similar", según recoge el plan de choque, que el jueves logró el respaldo de empresarios y sindicatos.

"Tenemos por delante una importante tarea para poner en marcha este Plan", dijo el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que presidió telemáticamente la reunión del Consejo Interterritorial. Iglesias destacó la inversión en "esta política pública y los importantes retornos económicos que genera, además de su contribución al bienestar y los derechos sociales".

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