El periodo de alegaciones estará abierto hasta el próximo 12 de noviembre. La empresa, que ha invertido más de 40 millones desde 2015, confía en tener los permisos a final de año. Sólo la construcción de las nuevas instalaciones necesarias supondrán otros 300.

Dice la juez que aunque la acusación cuestionada fue indemnizada por una expropiación avalada por el TSJA dicha acción se produjo "por obra y gracia del concurso" cuya legalidad se investiga ahora. La instructora añade que por este motivo no puede otorgársele a Andalucía Mining la condición de "mera acusación popular o convidado de piedra".

Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio los sorprendió in fraganti cuando se llevaban metal de las instalaciones de una empresa.

Los letrados e interventores de la Junta de Andalucía critican la utilización “espuria” que a su juicio se está haciendo del derecho Penal tras el procesamiento de 14 funcionarios públicos en la causa judicial abierta hace seis años por la adjudicación del concurso para la reapertura de la explotación minera de Aznalcóllar. La instrucción remota de Alaya en el caso Aznalcóllar.

Agentes policiales se personaron este sábado en el lugar donde estaba prevista una macrofiesta. La rápida actuación de la Policía Local ha impedido que se repitiera el episodio de principios de junio.

En las tareas de extinción participan ya 33 bomberos forestales del Plan Infoca. Otros tres fuegos declarados ayer arrasan con 9 hectáreas de matorral en Castilblanco; 18 en Almadén y 10 en Pruna, donde también afectó a un olivar abandonado.

La Policía Local y la Guardia Civil se han incautado de una "importante" cantidad de droga.

El alcalde afirma que, con una de las mayores tasas de paro de Andalucía, es "víctima de la lentitud de la Justicia" y "no aguanta más". Exige que el dinero que se recupere de la multinacional sueca revierta en el municipio y se agilicen permisos y trámites para la nueva adjudicataria.

La limpieza costó 89 millones de euros y todavía no se ha celebrado el juicio. La empresa sueca exige que en esta negociación entren los 43,7 millones que debe abonar el Estado. El Gobierno central se niega a hablar de una cantidad que ya está reconocida por sentencia firme.

El alcalde insiste en que, después de 6 años, están en juego 2.000 empleos. El juzgado procesa ahora a 9 personas, en contra del criterio de la Fiscalía y en un auto que puede ser recurrido.