Así lo ha acordado el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), que eleva la cuantía indemnizatoria que propuso el SAS de 2177,54 euros hasta los 7.500 euros, muy alejada del casi millón de euros que reclamaba la paciente, que también denunció una "deficiente preparación quirúrgica", y una supuesta "descoordinación" de los facultativos que llevó a que no le "extirpasen el tumor".

Un acuerdo evita que el proceso por imprudencia llegue al Tribunal Supremo. La aseguradora del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha pagará esta cifra récord en España.

En un dictamen, consultado por EFE, el CCA rechaza la propuesta de resolución desestimatoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial que elevó el Consistorio a este órgano, y asegura que “no cabe sino concluir que los daños por los que se reclama son consecuencia del funcionamiento del servicio público de abastecimiento de agua”.

El juez considera "inexplicable" que la víctima, de 47 años y con una minusvalía, no llevase puesto el chaleco salvavidas a pesar de que la Federación impone su uso obligatorio. Más noticias en www.juzgadodeguardia.es.

Un dictamen del Consejo Consultivo avala al Ayuntamiento isleño al desestimar la indemnización que demandaba una vecina porque, entre otros argumentos, resulta prácticamente imposible que no haya "pequeños desperfectos" en la vía. Insiste en la "diligencia mínima" que se le exige a los ciudadanos a la hora de desenvolverse en los espacios públicos.

El abogado José Ramón Cantalejo, del bufete Cantalejo y Asociados, logra que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indemnice con 55.000 euros al viudo e hijos de la sanitaria.

Los magistrados del TSJA recurren a su "experiencia personal" para argumentar que es difícil para un peatón distinguir una mancha de aceite del agua, con lo que la víctima no podía advertir del peligro.

El sector alerta de que está al borde de la asfixia financiera al expirar la demora dada por los bancos para pagar las deudas. Los empresarios protagonizan esta semana tres jornadas de protestas ante San Telmo y el Parlamento.

La compañía debe indemnizar con 1.302 euros a dos pasajeros que dejó en tierra y abonarles los gastos de alimentos provocados por la demora.

Una huelga de la tripulación de cabina no es una “circunstancia extraordinaria” en una empresa. .