La UCO de la Guardia Civil detectó entregas de móviles y pastillas de Viagra en la Caja B de Fitonovo pero no un gasto de 150.000 euros para hacer un parque infantil en la Comandancia de Montequinto. Ni se detectó ni la juez ordenó investigar ese gasto, según los agentes. Más noticias de Juzgado de Guardia.

La magistrada reabrió la causa dos veces y ha forzado el procesamiento de 16 personas, en su mayor parte funcionarios y técnicos, por cuatro delitos que no ven ni la instructora ni la Fiscalía.

El ex diputado autonómico socialista, que ha sido definitivamente exculpado de la macrocausa de los ERE, lamenta que sufrió una "cacería política" tras su paso como asesor de la dirección general de Trabajo. "Nunca tuve nada que ver con los intrusos ni con las pólizas, ni me reuní con las compañías aseguradoras".

El juez ordena la devolución de la fianza y levantar las medidas cautelares tras haber estado investigado en 17 piezas de los ERE durante más de nueve años.

Un magistrado con más antigüedad en el escalafón de la carrera, Francisco de Jorge, solicita la plaza del juzgado central número 1. Alaya aspira desde el año 2018 a uno de estos órganos.

La instructora de las macrocausas, actualmente destinada en la Audiencia de Sevilla, podrá volver a intentarlo cuando el CGPJ saque a concurso la plaza que deja ahora Santiago Pedraz.

El nuevo “número 2” de la Fiscalía dice que la sentencia de los ERE no le gusta ni le convence nada, “ni como jurista ni como ciudadano”, pero “comprende la presión mediática” que sufrió la Sala. "Yo no hubiera presentado ni firmado la denuncia contra la juez Bolaños porque era una guerra perdida”. .

Alaya confirma el archivo de una causa acordado por Bolaños y de paso respalda el acuerdo de la nueva atribución de las macrocausas al juez Vilaplana.

Los investigadores constatan que sólo el ex secretario general de Innovación y ex presidente de la Sepi Vicente Fernández, y la ex ex directora de Minas María José Asensio obtuvieron un puesto de "mayor relevancia" tras el concurso. El informe concluye que "no se ha podido determinar la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva" en las personas más próximas a los investigados.

La Fiscalía se había opuesto al estimar que las autorizaciones medioambientales "para nada afectan a la investigación ni a la realidad de la comisión o no de los delitos investigados".