Economía

El Gobierno neutraliza con un nuevo tributo la supresión de Patrimonio del PP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, este jueves.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, este jueves. / Eduardo Parra · Europa Press

El Gobierno va a crear un "impuesto de solidaridad" para recaudar 1.500 millones de euros de las grandes fortunas, que afectará principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en comunidades del PP como Madrid y Andalucía, puesto que el resto podrá deducirlo allí donde se sigue pagando este tributo.

Como ha informado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este nuevo impuesto concebido como "un esfuerzo añadido, adicional para aquellos que tienen mayor capacidad económica", forma parte de un paquete fiscal que reportará unos ingresos fiscales netos de tres.144 millones de euros en los dos próximos años, logrando "un modelo más justo" de sociedad.

Montero ha afirmado que se trata de "una propuesta conjunta" de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición y que "forma parte del acuerdo presupuestario" que espera cerrar en breve.

Impuesto “de solidaridad” a las grandes fortunas

Respecto al "impuesto de solidaridad", destinado a fortunas de más de tres millones de euros y que estará en vigor en 2023 y 2024, Montero ha apuntado que al ser deducible en el de patrimonio apenas tendrá incidencia en los contribuyentes que ya abonan este impuesto, es decir, aquellos cuyas comunidades autónomas no lo han bonificado.

La titular de Hacienda espera que en esos dos años las comunidades autónomas logren un acuerdo sobre su modelo de financiación que aclare el futuro del impuesto de patrimonio.

Una de las medidas claves del paquete es la ampliación de la reducción por los rendimientos del trabajo en el IRPF a rentas de 18.000 a 21.000 euros, junto con el aumento del mínimo exento de tributación de 14.000 a 15.000 euros, lo que beneficiará a la mitad de los trabajadores, según Montero.

En paralelo, se aumenta la tributación de las rentas de capital en el IRPF en un punto para el tramo de entre 200.000 y 300.000 euros (al 27 %) y dos para el tramo a partir de 300.000 euros (al 28 %), lo que afectará a 17.814 contribuyentes y aportará 204 millones en 2024.

Asimismo, Hacienda prevé bajar del 25 % al 23 % el impuesto de sociedades a las pymes que facturan menos de un millón de euros, lo ahorrará 292 millones a 407.000 empresas, y en cambio los grandes grupos consolidados solo podrán compensar el 50 % de las pérdidas de sus filiales en 2023, lo que incrementará la recaudación en 2.439 millones en esos dos años.

Por otro lado, también se prevé la bajada del 10 al 4 % del IVA de los productos de higiene íntima femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales, lo que ha sido valorado como una muestra de "justicia fiscal y feminista" por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Decepción del PP

Tras conocer las iniciativas del Gobierno y a la espera de un mayor análisis, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que la bajada de impuestos es "decepcionante y escasa" y carece de sensibilidad con las rentas medias y bajas, y ha lamentado que la rebaja no llegue ya este año y no afecte al IVA de los alimentos.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha dicho por su parte que el Gobierno ha "copiado" a su partido aunque "seis meses tarde", pero ha criticado que invada competencias autonómicas a través de una "recentralización".

A su juicio, "intentar que las medidas que adopten las autonomías queden diluidas" no es la mejor respuesta.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha presumido por su parte de "marcar el paso" al Gobierno central y a las comunidades con su rebaja fiscal, y ha avisado de que no será el único asunto en el que Andalucía, que no será "una periferia silente", lidere el debate.

Y el presidente gallego, el también popular Alfonso Rueda, ha celebrado que el Gobierno central se haya "rectificado a sí mismo" y haya decidido bajar los impuestos, aunque ha lamentado que haya sido después del "sainete" de decir primero que no y "demonizar" una medida propuesta por el PP.

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la posición del Gobierno ante las propuestas fiscales de las autonomías y ha opinado que "la palabra armonizar que se está utilizando no es armonizar, es centralizar".

Medidas de comunidades socialistas

El anuncio del Gobierno ha coincidido con el del presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, de que la próxima semana propondrá al PP, en la negociación de los presupuestos regionales para 2023, la mayor bajada de la historia de las tasas y precios públicos para aliviar la carga de las familias.

Esta bajada afectaría a la inspección técnica de vehículos (ITV), las tasas de comedores escolares y aulas matinales, de licencias de caza y pesca, o de la tarjeta de transporte subvencionada, y al canon de saneamiento.

Su compañero de partido Javier Lambán, presidente aragonés, ha asegurado, ante el "carrusel de despropósitos fiscales" en el que a su juicio han entrado las comunidades, que Aragón tiene su propia "hoja de ruta" y trabaja con sus socios de Gobierno en un acuerdo sobre fiscalidad, que no ha concretado.

También está trabajando en ello el Gobierno regional del PSOE de Castilla-La Mancha, en su caso en dos vertientes, ingresos y gastos, dentro del ámbito fiscal, aunque aún no ha decidido dónde hacer "más énfasis", según el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.

A su vez, el consejero de Hacienda y Administración Pública de La Rioja, Celso González, ha rechazado deflactar la tarifa autonómica del IRPF porque supondría una rebaja de 25 millones de euros, de los que el 60 % se beneficiarían las rentas más altas, que son el 5 % de los contribuyentes riojanos.

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