Romero se queja de algunas de las cuestiones recogidas en el informe de gestión de Esisa como la falta de actualización del plan de vivienda que data de 2018.

El BOP publica su aprobación inicial, recientemente aprobada por el Ayuntamiento isleño tras 20 años de espera.

En la zona de la antigua factoría se prevé construir hasta 850 viviendas y un hotel.

La formación insiste en los temas pendientes y, especialmente, en la delicada situación en la que se encuentra la empresa pública a raíz de la denuncia de Claudia Márquez. La Empresa de Suelo Isleña, recuerda, todavía no tiene representación para su defensa en el proceso.

Un grupo inmobiliario adquiere suelo residencial para continuar con la construcción de los edificios de 16 plantas de altura previstos en la zona. Se apunta hasta tres nuevas torres, que se sumarían a las ya construidas desde hace más de una década.

Tras la apertura de un proceso judicial a raíz de la denuncia en torno a las obras de su casa, la que fuera responsable de Urbanismo en La Isla hasta hace unos días se ha mostrado tranquila y segura de que se demostrará que "se ha actuado de forma correcta y siguiendo los trámites establecidos en la ley".

La investigación abierta tras la denuncia presentada en 2021 por la formación política Plataforma 3R lleva al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 a abrir diligencias. Loaiza anuncia que el PP se personará en la causa en los próximos días. Ambas formaciones exigen la salida inmediata de la edil del gobierno municipal y elevan a presión sobre el ejecutivo al cuestionar las razones por las que Cavada no la ha cesado aún.

Su portavoz, Fran Romero, airea el contenido de los informes elaborados por los técnicos y jurídicos municipales, en los que se constata una ampliación volumétrica de la finca superior a los 20 metros cuadrados que no tiene cobertura legal. Afirma que la manera de proceder de Claudia Márquez "la excluye éticamente de la política" y critica que Cavada la premie con la gestión de las subvenciones europeas, lo que también -advierte- supone "un conflicto de intereses".

El contrato tiene un coste de más de 268.000 euros.

El presidente y portavoz de los populares isleños asegura que en el informe técnico queda claro que ha cometido "irregularidades" en las obras de su casa y sostiene que "sobran las razones" para que presente su dimisión.