El anuncio del Gobierno griego de cerrar este mismo martes la radiotelevisión pública (ERT), sin aviso previo y mediante decreto ley, cayó como un jarro de agua fría entre los profesionales del ente, que nada más conocer la noticia ocuparon la sede de este medio, en un intento de organizar la autogestión. Tras anunciar el portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu, el cierre del ente y el despido inmediato de sus 2.650 trabajadores, con la idea de crear "cuanto antes" una nueva empresa, los periodistas se hicieron con el control de los espacios informativos y se afanaron en un programa de entrevistas continuo.

Cada entrevistado, desde intelectuales hasta figuras del deporte, pasando por el arzobispo de Atenas, Jerónimo, se pronunciaban contra la medida. "Es impensable que ERT deje de existir. Una cosa es reformar un organismo con problemas y otra cosa es su muerte", dijo. Pero también entre la población había estupefacción. "¿Qué me dice, que cierra la televisión? ¡Qué pena!", fue la reacción anonadada de un taxista. El edificio de ERT, situado en la periferia de Atenas, se asemejaba a una universidad ocupada. Miles de periodistas se movían por los pasillos del edificio sin rumbo y a la espera de que entre sindicatos y comité de empresa tomen alguna decisión.

El anuncio del cierre tomó a todos por sorpresa y muchos se veían transportados a los tiempos de la Junta de Coroneles, cuando la universidad politécnica, en noviembre de 1973, fue ocupada durante tres días y solo la entrada de los tanques pudo acabar con la protesta. "En el 73 solo los tanques pudieron acallar la radio del Politécnico. Esto es un golpe de Estado en toda la regla", dijo Zoi Konstantopulo, diputada del principal partido de oposición, el izquierdista Syriza ante las miles de personas que se habían reunido al caer la noche ante la central del ERT. Nikos Mijalitsis aún fue más allá al decir que "ni siquiera la Junta o los nazis se atrevieron a cerrar una televisión o radio pública".

Mientras la plantilla y los sindicatos de medios intentaban desarrollar una táctica para los próximos días, muchos se preguntaban, sin encontrar respuesta definitiva, cuáles pueden haber sido los motivos del primer ministro, el conservador Andonis Samarás, de tomar tan drástica decisión, sin contar ni siquiera con los socios de su coalición gubernamental. Los dos socios, socialdemócratas del Pasok e izquierda moderada de Dimar ni siquiera habían firmado el decreto, lo que para muchos expertos lo convierte en papel mojado, y, al parecer, han anunciado que no votarán a favor una vez que se presente en el Parlamento, lo que situaría al Gobierno en una seria crisis.

Entre las conjeturas que se barajaban figura la de que Samarás, que actualmente ha recuperado algo de terreno en las encuestas, piense en convocar elecciones anticipadas, una teoría compartida por muchos que se antoja algo aventurada, teniendo en cuenta que, por muy bien que le fueran las cosas, está lejos de una mayoría absoluta, y Grecia ya vivió dos citas electorales hace un año.

El problema que más preocupaba este martes, sin embargo, era menos teórico: ¿qué hacer para salvar la programación y evitar el cierre inmediato? Esa era la cuestión organizativa que se planteaban todos. Una primera buena noticia vino desde el lado práctico. El sindicato de la compañía eléctrica DEI -que figura en el menú de empresas a privatizar- prometió que impediría el corte de luz a medianoche. En la manifestación espontánea que se organizó ante la sede del edificio, un representante sindical apeló a la solidaridad de todos los medios, también los privados, y pidió a los sindicatos una huelga de cinco días. "Este miércoles los grandes sindicatos del sector público y privados analizarán los pasos a seguir. Es una lucha que va a durar", dijo Dimitris Trimis, presidente del sindicato de periodistas de Atenas.