Las empresas de Telecomunicaciones, de telefonía e internet, obligadas a sufragar RTVE con un 0,9% de sus ingresos, efectuarán el primer pago de la tasa  que fue rechazada hace una semana por la Comisión Europea. La cúpula de RTVE, presidida por Alberto Oliart, recomendó a las empresas que abonaran las cantidades previstas, para no perjudicar a la corporación pública, aunque lleven adelante los recursos judiciales en contra del impuesto.  Las operadoras van a pagar hoy alrededor de 150 millones de euros, correspondientes a los dos primeros trimestres de este año, con la condición de seguirán defendiendo su posición ante los tribunales, nacionales e internacionales, y con el respaldo de las instituciones europeas.

La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) señalaba ayer  que los afectados van a asumir el pago, para cumplir con la legalidad vigente, aunque se muestran muy contrariadas por la postura del Gobierno, que mantiene la tasa pese al dictamen de la comisión de Bruselas.  Redtel solicitó el 30 de octubre al Tribunal Supremo que suspendiera con "urgencia" la tasa impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para financiar RTVE después de recibir la decisión de la Comisión Europea, pero aún no han recibido respuesta del tribunal español.  Las empresas de telefonía e internet están a la espera de lo que dicte el Supremo, aunque piensa pagar "mientras no tengan un amparo legal para no hacerlo".

La idea del nuevo modelo de financiación de RTVE, con la supresión publicitaria, por valor de 500 millones, surgió a primeros de 2009 a partir del modelo trazado en Francia. Durante la primavera se avanzó en el proyecto, supervisado en todo momento por la vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega, y  que fue aprobado por el Consejo de Ministros en mayo. Mientras las empresas de telecomunicación han de abonar unos 250 millones al año, las cadenas privadas de televisión han de abonar el 3% de sus ingresos (1,5% en el caso de los canales de pago), lo que supone unos 120 millones. El Gobierno aportará directamente unos 600 millones en este año, a lo que suman los 250 millones recaudados por ocupación del espacio radioléctrico, lo que suma los 1.200 millones de presupuesto anual que tiene RTVE.

Respecto a la postura de la Comisión Europea, en caso de que España no modifique esta legislación en el plazo de dos meses, el ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El ultimátum dado por Bruselas afecta también al modelo de Francia ideado por el gabinete de Nicolas Sarkozy.