José Vega y Toni Lechuga saben desde hacer tiempo que tienen que cobrar unos 80.000 euros entre los dos según su asesor jurídico, José Antonio Corrales. Saben que no van a poder cobrar la cantidad íntegra ni mucho menos y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para intentar recuperar las cantidades que deben cobrar tanto por la extinción de sus respectivos contratos -pertenecían a la plantilla de Segunda B pero quedaron libres tras el descenso administrativo a Tercera División- como por varias nóminas impagadas.

Corrales ha explicado que “llevo el procedimiento de estos dos jugadores. La sociedad no se presentó a la vista y se dio por reconocida toda la demanda. Lo que hemos hecho es señalar una serie de embargos para poder cobrar y entre ellos está al posible subvención del Ayuntamiento. Por el momento, ha salido la insolvencia evidente y los jugadores tendrán que cobrar del Fogasa lo que les corresponde dentro de los límites legales”. 

Además, Corrales añadió: “Mis clientes saben la situación y si tenemos indicios de que la sociedad anónima tiene actividad, lógicamente, vamos a ampliar la ejecución de la sentencia. Si hay gente o una asociación que se hace cargo de la sociedad, iremos contra esa asociación. Mis clientes quieren cobrar y lo que parece que están haciendo es peligroso. Si hay indicios de que están asumiendo las funciones del consejo de administración tienen responsabilidades, eso es muy grave, eso supondría un alzamiento de bienes. Además, es un tema muy perseguido por la Seguridad Social, entidad a la que también la sociedad le debe dinero. La asociación lo hace con buena voluntad pero ya sabemos qué le sucedió a Gamero, Osma o Verdú”.