La revolución burocrática llega en 2010 al comercio y el turismo

El comercio lleva un año de bamboleo legislativo que tiene como culpable a Frits Bolkestein, el comisario europeo de origen holandés que ha dado nombre a una directiva revolucionaria en el sector servicios aprobada a finales de 2006 y que todas las administraciones de los países de la UE deben cumplir, adaptando sus normativas, a partir de 2010.

Después de no pocas presiones empresariales y sectoriales y pugnas políticas con socios de gobierno como Cataluña, el Ministerio de Industria aprobó en julio la llamada Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que, entre otros aspectos, reduce las trabas burocráticas para la apertura de establecimientos, pero delega en las Comunidades Autónomas la competencia real para regular el sector, como ocurre hasta ahora.

El Gobierno defendió que con la nueva legislación será "más fácil y barato" abrir un comercio. La patronal de los pequeños y medianos establecimientos se congratuló por que se mantiene la regulación autonómica y, sobre todo, por que no salió adelante el primer borrador, que establecía la apertura libre en todo el territorio nacional, de cualquier negocio de menos de 2.500 metros cuadrados, superficie en la que tienen cabida desde chicucos de barrio a supermercados (no hipermercados). Las grandes superficies lamentaron en cambio este continuismo y recordaron que España es el país con más carga regulatoria de Europa.

La pelota cayó primero en el tejado del Gobierno central y ahora ha rebotado al autonómico. La Consejería de Comercio, Turismo y Deporte tramita actualmente la adaptación de las leyes del Comercio Interior y del Turismo de Andalucía, los dos ámbitos afectados por la directiva comunitaria. La intención de la Junta es presentar el anteproyecto del comercio antes de final de año y el turístico durante los primeros meses de 2010 con el objetivo de que ambos entren en vigor el próximo ejercicio -el plazo máximo fijado por la UE-.

Las principales novedades que introducirán son dos: cualquier negocio de menos de 2.500 m2 podrá abrir sin necesidad de contar previamente con una licencia municipal y con sólo comunicar su implantación al Ayuntamiento. En segundo lugar, los hipermercados y grandes establecimientos que superen esta superficie (tipo IKEA, Media Markt o Leroy Merlin, entre otros muchos) no tendrán que acudir a la ventanilla de la Junta, sino a la del Consistorio para obtener la licencia de apertura, según confirmó el delegado provincial de Comercio, Turismo y Deporte, José María Reguera. Cada consistorio será competente para aprobar o denegar la instalación de estos negocios y el trámite deberá completarse antes de dos meses, mientras que el actual proceso a nivel regional se alargaba, de media, hasta nueve meses.

El comercio y el turismo gozarán así de una mayor libertad, incluso se abrirá un nuevo horizonte para proyectos hasta ahora paralizados por la Junta, porque, básicamente deberán respetar tres únicas premisas para implantarse en cualquier localidad: ocupar un suelo calificado como comercial o turístico y específicamente reservado a estos establecimientos en el PGOU local (y en los planes de ordenación supramunicipales); garantizar los accesos y servicios complementarios; y no vulnerar normas de patrimonio ni afectar a espacios medioambientales. "Supondrá un cambio de mentalidad en este tipo de negocios porque se reducirán el número y el tiempo de tramitación, pero deberán cumplir porque, si no, la Junta los cerrará", advirtió el delegado provincial de la Junta.

Una consecuencia directa de esta nueva regulación será, lógicamente, la desaparición de la Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía (CACI), el organismo independiente formado por representantes de Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía, los sindicatos y los consumidores, y cuyos dictámenes -hay que recordar- no eran vinculantes sino consultivos, pero sí tenían un peso determinante en la decisión final de la Consejería de Comercio.

La CACI se ha encargado hasta ahora de valorar e informar a la Junta sobre los proyectos de apertura de grandes superficies, y lo hacía conforme a una amalgama de criterios económicos y sociales. Ahora, esta criba se eliminará y con ello se perderán criterios muy importantes que hasta ahora eran decisivos en la tramitación, como los de territorialidad y equilibrio de mercado, que impedía la concentración de grandes comercios según ratios de población residente en el área de influencia, volúmenes de venta en la zona o la oferta comercial ya existente.

La Junta se reservará, no obstante, la primera y la última palabra. En primer lugar, la Consejería incluirá en la nueva Ley un mapa andaluz de suelos comerciales que después se tendrá que contemplar en los PGOUs o planes subregionales. "De esta forma sí se regulará el crecimiento de estos espacios y su distribución", según explicó José María Reguera, que confió en que este nuevo marco no desate un aluvión de licencias municipales, sobre todo teniendo en cuenta que "hasta ahora hay ayuntamientos que se oponen a estos establecimientos" para preservar el comercio urbano.

La Junta perderá el control previo pero sí tendrá posterior como supervisor del cumplimiento de la ley y podrá intervenir si una autorización local de apertura contraviene normas de ordenación del territorio o medioambientales.

Lo que, además, parece indudable es que la norma europea no acabará con las diferencias entre Comunidades Autónomas. Cataluña y Baleares, reticentes inicialmente a abrir la mano a los híper, ya han anunciado que impondrán las máximas restricciones posibles, ya sean de índole urbanísticas, medioambientales o de movilidad, para preservar el comercio urbano. En cambio, otras como Madrid, que ya la ha aprobado, han demostrado ser más permisivas.