El caso de Credijerez, cuya supuesta estafa está en los juzgados desde hace más de cuatro años, se cobró ayer una nueva víctima en la provincia. Una familia de Rota fue desahuciada de su vivienda, situada en la calle Tordesillas, en el entorno de Portalejo.

Rafael Romero, acuciado por una deuda de 8.000 euros, recurrió en su día a dicha empresa para resolver su situación económica. Ahora afronta un débito de 480.000 euros como consecuencia del presunto fraude. Buscaba un servicio de refinanciación, incluida su hipoteca y acabó, en pocos meses, recibiendo avisos de embargo. En noviembre pasado consiguió que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Rota suspendiera la ejecución hipotecaria de su piso, pero no pudo parar la fijada para ayer. Mientras, la investigación de la supuesta estafa continúa en el Juzgado número 3 de Jerez. "No entiendo cómo el proceso penal no ha podido parar el procedimiento civil del embargo", comentaba ayer mismo el afectado, que es uno de los denunciantes del caso.

La Policía Judicial intervino pasadas las diez de la mañana. Decenas de personas se concentraban en los alrededores del domicilio, incluido un buen número de integrantes de la plataforma de parados de Rota, que lleva más de un mes encerrada en el Palacio Municipal Castillo de Luna y aprovechaba la ocasión para difundir sus reivindicaciones laborales. Rafael, que permanecía en el interior con uno de sus hijos gemelos, trató de impedir con sofás y muebles la entrada de los agentes pero, finalmente, éstos actuaron "a machotazos", sacándolo "por la fuerza". Poco después de las once y media de la mañana, el roteño salía esposado entre aplausos de apoyo de los concentrados en la calle, con los cuales se hallaba su otro hijo.

Primero en la Comisaría y luego en los juzgados de la ciudad, donde a partir de ahora tendrá que comparecer cada 15 días, Rafael dijo sentirse "como un delincuente" hasta cerca de las tres de la tarde. Minutos después relataba a este periódico su experiencia de tantas horas de tensión e indignación, agradeciendo especialmente su respaldo a la plataforma de parados, cuyo portavoz, José Cabello, es vecino.

Con papeles por delante, Rafael insistía en las conclusiones de la investigación efectuada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Judicial sobre este caso, destacando que "los denunciantes no recibieron el dinero del crédito que solicitaron por medio de Credijerez", aparte de la "mala praxis" de esta firma privada con "beneficio de terceros" en supuesto perjuicio de la familia de Rafael y del matrimonio jerezano Soto Romero, que fue desahuciado de su vivienda en enero de 2007. El roteño, que ejerce de portavoz del colectivo de afectados, calcula que el posible fraude supera los tres millones de euros en "sólo" una de las entidades financieras utilizadas. Y es que subraya que hay estafados no sólo en poblaciones de Cádiz, sino también de otras provincias andaluzas.