En el juzgado número 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional duermen desde hace meses los miles de folios de la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos que instruye el juez Pablo Ruz, más ocupado ahora en el ‘caso Bárcenas’ y en el ‘Gürtel’.

Los personados en la causa son apenas 800 de los más de 5.000 afectados por los pagarés que se estima cayeron en la ‘trampa’ urdida por los Ruiz-Mateos para captar fondos particulares ante el cierre del grifo del crédito por parte de las entidades bancarias. Las reclamaciones se extienden sobre unos cien millones de euros de los 550 que, según fuentes jurídicas, logró recaudar la familia del empresario jerezano con las cuatro emisiones de pagarés que realizó durante el año 2009 a través o avaladas por distintas empresas del grupo.

Aunque las reiteradas advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el peligro de estas emisiones, no sujetas a su control, frenaron a un buen número de inversores potenciales, a la vista del número de afectados, no lograron persuadir a otros muchos, que se dejaron llevar atraídos por la alta rentabilidad que prometían los Ruiz-Mateos, de hasta el 8%, muy por encima de los intereses que regían por entonces en el mercado.

La actuación de la CNMV no pasó inadvertida, sin embargo, para la Agencia Tributaria, en concreto para la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que a raíz de las advertencias del regulador abrió una investigación que dio pie, un año después, a una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción ante la posible existencia de “comportamientos fraudulentos presuntamente delictivos por el incumplimiento sistemático de obligaciones tributarias del Impuesto sobre el Valor Añadido entre los ejercicios 2004 y 2008”, actuaciones que se atribuyen en el informe a Nueva Rumasa, su fundador, José María Ruiz-Mateos, y su entorno familiar.

¿Por qué Anticorrupcion hizo caso omiso al grueso de la denuncia para ceñirse únicamente en su investigación al posible fraude de los pagarés? Para muchos de los afectados y sus representantes legales es, sencillamante, inexplicable.

Fuentes jurídicas personadas en la causa que instruye la Audiencia Nacional contra los Ruiz-Mateos por la presunta estafa de los pagarés aseguran tajantes que, de haber actuado Anticorrupción con la debida diligencia, el número de afectados se reduciría a la mitad, afirmación difícil de probar. Pero no cabe la menor duda de que si Anticorrupción se hubiera hecho eco de la denuncia del organismo fiscal no sólo se habría impedido que prescriban buena parte de los delitos advertidos en la investigación, sino que se habrían unificado en una sola causa, la que sigue el juez Ruz, frente a la actual dispersión de asuntos, desperdigados por decenas de juzgados de todo el territorio nacional.

Las conclusiones del informe elevado a la Fiscalía a principios de marzo de 2010 por la entonces titular de la delegación central de Grandes Contribuyentes, Inmaculada Vela, al margen de devastadoras, no tienen desperdicio. En el mismo, Vela denuncia la opacidad de la estructura societaria de Nueva Rumasa, así como la “omisión o falseamiento de datos” en la presentación de las declaraciones tributarias, en las que se sigue el mismo patrón que en su día propició la expropiación del antiguo holding de la abeja, la vieja Rumasa. Nueva Rumasa, la misma historia.

La Agencia Tributaria subraya la especial complejidad del entramado societario del conocido como grupo Nueva Rumasa, un conjunto de empresas aparentemente independientes que no dependen de una matriz y que tampoco tienen una propiedad común. “Al analizar la estructura accionarial se observa que la propiedad de las mismas no está en manos de los Ruiz-Mateos –salvo algunas participaciones pequeñas en determinadas empresas–, sino que, de forma indirecta, suelen ser entidades extranjeras, muchas con sede en paraísos fiscales, las que ostentan la titularidad”.

Esta opacidad sirve de paraguas a los Ruiz-Mateos para o bien “no presentar declaración de la renta” o bien “declarar cantidades muy inferiores de los que, según sus manifestaciones, dicen ser titulares de un grupo compuesto por 117 empresas con una valoración patrimonial de más de 3.000 millones de euros”.

La central de Grandes Contribuyentes llama la atención a la ausencia de los rendimientos derivados de la actividad empresarial en las declaraciones del IRPF, que en el periodo 2005-2008, y no en todos los años, presentan como máximo ocho miembros de los 14 que integran el clan familiar y por cantidades que, por norma general, rondan los 35.000 euros, salvo en el caso de dos de la hijas del matrimonio Ruiz-Mateos Rivero, mucho más elevadas al corresponder a declaraciones conjuntas con sus respectivos maridos.

Lo más llamativo, sin embargo, es que José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, el patriarca, no presente declaración de la renta, por lo que se entiende que no obtiene rendimientos o estos no superan los 22.000 euros del límite de la obligación de declarar, situación extraña, señala el informe, si se tiene en cuenta que en los cuatro años investigados el empresario jerezano realizó donativos por importe de más de 1,2 millones de euros.

Ninguno de los miembros del clan familiar, salvo una de las hijas, presenta declaración por el impuesto sobre el Patrimonio, en la que debería reflejarse la titularidad de acciones de entidades españolas o extranjeras, abunda la AEAT.

La instructora del informe diferencia entre dos Nueva Rumasa, la ‘oficial’, en la que s encuadran 29 empresas participadas por los Ruiz-Mateos o que figuran en los comunicados públicos del grupo –Clesa, Dhul...– y la ‘no oficial’, hasta 118 empresas bajo titularidad de testaferros o personas jurídicas no residentes, y que “se caracterizan por no realizar ninguna actividad productiva, siendo meros vehículos utilizados por la familia para canalizar fondos procedentes del extranjero que luego son distribuidos entre las distintas sociedades en función de sus necesidades”.

La investigación del organismo fiscal también se detiene en el uso sistemático de paraísos fiscales y otros territorios de riesgo, lo que permite que “dentro de las sociedades de la Nueva Rumasa ‘oficial’ existan entradas y salidas, las primeras por importe de 145 millones de euros entre 2005 y 2008, las segundas, por valor de 231 millones en el mismo periodo. En la ‘no oficial’ las entradas invisibles ascienden a 175 millones y las salidas a 84 millones.

El patrimonio neto es otro del os ‘puntos calientes’ de la investigación dirigida por Vela. De su análisis se extrae que el mismo es “muy inferior” a los 3.000 millones publicitados por la propia familia, cuyos balances contables reflejan un patrimonio neto de poco más de 426 millones en 2007, que al año siguiente se reduce por debajo de los 300 millones.

Según recoge la denuncia, el “incumplimiento sistemático de las obligaciones tributarias ha llevado al inicio de 53 expedientes con resultado a ingresar por importe superior a 21 millones de euros”. “Adicionalmente, por parte de la AEAT, se han presentado 59 delitos fiscales que se instruyen en diversos juzgados (...) El importe de la responsabilidad civil derivada de esos delitos asciende a 87 millones de euros”. Y prosigue el informe, “el fraude se extiende a la vía de recaudación, mediante el vaciamiento patrimonial de la entidad”, estando “pendiente de cobro más de 19 millones” de “las deudas derivadas de los expedientes de inspección anteriormente señalados”.

Llegados a este punto, Vela admite que la AEAT “es inoperante” frente a Nueva Rumasa, que “al ser requerida por la inspección, se limita a trasladar los activos a empresas en quiebra técnica, lo que impide el cobro de las deudas tributarias”.

La Central de Grandes Contribuyentes también investigó las operaciones financieras del grupo, de las que “una parte relevante se produce a través de entidades de reducido tamaño”, que en consecuencia, disponen de sistemas de control de riesgos “menos desarrollados”. De entre el elevado número de entidades con las que opera Nueva Rumasa, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda pone el foco a una sucursal del Banco Etcheverría en Madrid, con la que “parece haber una especial vinculación”.

El apartado de la investigación realizada concluye con el repaso de las emisiones de pagarés, asunto que instruye por posible fraude el juez Ruz a instancias de la denuncia presentada por parte de los afectados.

Del informe realizado por la Inspección de los Tributos, y que se centra sobre 15 de las entidades del entramado empresarial de Nueva Rumasa, se desprende un perjuicio para la Hacienda que se concreta en el riesgo fiscal, íntimamente ligado al blanqueo de capitales, al tiempo que cifra en más de 125 millones de euros el importe de lo que consideran que habría escapado al control fiscal al ignorarse quien es el titular de las empresas.

Y entre los riesgos específicos, entre distintas operaciones de compraventa de inmuebles por parte de algunas de las empresas identificadas dentro de la Nueva Rumasa ‘oficial’, el informe recoge una denuncia a Complejo Bodeguero Bellavista (Garvey Jerez) por un delito contra la Hacienda Pública por evasión del impuesto de sociedades y el IVA del año 2006.

La Agencia Tributaria enumera en el tramo final del informe los elementos que acreditan el “ánimo fraudulento” de los miembros de la familia Ruiz Mateos, a saber: la intervención de sociedades no residentes –algunas afincadas en paraísos fiscales– sin motivos mercantiles que lo justifiquen; la opacidad de las participaciones que dificultan la identificación del propietario último;la intervención de testaferros y sociedades insolventes;y la realización de negocios, “generalmente venta de inmuebles” sin causa o con causa ilícita, unido a la no declaración de las ganancias.

Apartir de aquí, la AEAT entiende necesaria la intervención de la Policía y la Justicia para acreditar plenamente la existencia de los delitos, identifiquen a sus autores y colaboradores y determinen la responsabilidad civil. Para facilitar dicha labor, el informe, que se acompaña de un anexo de mil folios, señala como posibles partícipes a la familia Ruiz-Mateos al completo y a los tres testaferros más relevantes –María Susana Álvarez Ampuero, que actualmente cuida a José María Ruiz-Mateos; Zoilo Pazos Jiménez, sobrino del anterior;y Jesús Fraile Delgado, ex gerente del Rayo Vallecano– y apunta al domicilio familiar en Pozuelo de Alarcón, donde la policía judicial realizó los registros, como lugar en el que hallar información.

Curiosamente, a raíz del informe, la delegada de la Central de Grandes Contribuyentes fue relevada del cargo. Pero el resultado de su investigación permitió, al menos, que Hacienda denunciara unos casos y la Fiscalía de Delitos Económicos otros, aseguraron a este medio fuentes jurídicas. El informe, en su totalidad, no ha sido incorporado a ninguna causa, lo que se denomina en el argot un ‘informe muerto’.

Según las mismas fuentes, los Ruiz-Mateos tienen pendientes entre 70 y 80 causas. Este año hay señalados cinco juicios, a los que seguirán entre 10 y 12 el próximo año. En El último caso enjuiciado, dos de los hijos de Ruiz-Mateos fueron condenados a 2 años y 9 meses de cárcel y multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA de la venta de un hotel en Peñíscola.

En cuanto a la principal de las causas, la del fraude de los pagarés que instruye la Audiencia Nacional, y en la que además de los Ruiz-Mateos está también imputado Ángel de Cabo –actual propietario de Nueva Rumasa, en prisión preventiva desde diciembre por el vaciamiento patrimonial de Marsans– , el sumario sigue abierto y alcanza ya el tomo 140.