Antidisturbios, disparos al aire, porrazos -en el más literal sentido de la palabra-, miembros de la plataforma del 15-M plantando cara a los policías y arrastrados por el suelo hacia el furgón policial, desmayos, una ambulancia para atender los desmayos, doce detenidos, otros tantos heridos -al menos 6 'indignados' y otros 6 funcionarios- 35 agentes de la Policía Nacional en siete vehículos, Policía Local...

Estos  son sólo algunos de los episodios que formaron ayer parte del contundente desahucio de una familia llevado a cabo en una vivienda de la carretera de Caulina. Su propietario, José Gutiérrez, ni siquiera pudo estar presente dado que se encontraba ingresado en el hospital de Jerez tras un amago de infarto y con un alto nivel de azúcar. Sí tuvieron que pasar por tan dura prueba su mujer, Antonia Alhama, los tres hijos que viven con el matrimonio en la casa, además de otros familiares que acudieron a apoyarlos junto a un numeroso grupo de 'indignados'.

Tras una prórroga conseguida el pasado miércoles en un primer intento de hacer efectivo el desahucio, con presencia también de la Policía Nacional, ayer a las diez de la mañana era el momento fijado para el nuevo intento. De nada sirvió presentar en el juzgado el parte médico de hospitalización de José, hecho que, según manifestaron los miembros del 15-M, hacía ilegal este desahucio al no contar con su presencia.

Su mujer, antes de que se produjera el contundente desalojo, señaló que "él no sabe nada de esto porque ayer tenía cuatrocientos de azúcar, pero nos echan y el secretario del jugado no ha querido recoger el parte médico. Mire el ejército que mandan y la violencia que hay. Esto sí que es una vergüenza, que nos traten a nosotros como delincuentes cuando los delincuentes son ellos que me han robado por lo que he estado trabajando toda mi vida".

La vivienda la heredó José de su padre, pero como estaba construida sobre terrenos no urbanizables tuvo que pedir un crédito para su legalización poniendo como aval la casa para una deuda que actualmente asciende a 84.000 euros. Anteriormente trabajaba como autónomo con excavadoras pero tras una enfermedad le ha quedado sólo una pensión de setecientos euros con la que no ha podido hacer frente a tres de los pagos de la deuda mencionada anteriormente. La casa, según sus propietarios, había sido tasada en 2005 "por 245.000 euros. En 2009 nos la valoraron en 48.000 y la han vendido por 24.000 euros sin juicio ni subasta ni nada".

Los miembros de la comisión judicial se personaron dispuestos a llevar a cabo su trabajo, pero los 'indignados' también estaban dispuestos a que no lo consiguieran, así que se aferraron con todas sus fuerzas ante la entrada de la casa. Fue en ese momento, alrededor de las once de la mañana, cuando tuvo lugar la primera intervención policial en la que ya se emplearon las porras y hubo golpes, pero finalmente decidieron pedir refuerzos a los antidisturbios.

Una hermana de la propietaria sufrió una crisis por la que tuvo que acudir una ambulancia, aunque se negó de forma rotunda a que se la llevaran al hospital para seguir con sus familiares a pesar del consejo de un médico forense que también acudió al lugar. Alrededor de mediodía llegaron los antidisturbios, que fueron recibidos por los miembros del 15-M con flores y las manos en alto gritando "¡estas son nuestras armas!".

En la nave anexa a la vivienda, los miembros de la comisión judicial estaban reunidos con el comprador de la casa aunque debió  serles bastante complicado comunicarse ante los constantes bocinazos y golpes en la ventana de los 'indignados', que además hicieron una pintada en la nave contra este desahucio.

El punto álgido llegó poco después de mediodía, cuando uno de los agentes antidisturbios, con un megáfono, informó de que venían dispuestos a hacer cumplir el mandato judicial y aconsejó a todos los que se encontraban sentados ante la vivienda hechos una piña que se marcharan. Como se negaron a hacerlo, comenzaron a llover los golpes, los porrazos y empezaron las detenciones hasta un total de once, más una posterior en comisaría. Los periodistas también fueron advertidos de que se echaran a un lado "porque va a haber palos y nosotros no nos hacemos responsables si os llega alguno".

Uno de los primeros detenidos fue Pablo González, miembro de la plataforma del 15-M, quien, antes de que se produjera el violento encuentro, dijo que "quieren llevar a cabo el desahucio aunque José está hospitalizado y el secretario del juez le ha pedido que se diera de alta voluntaria, algo que nos ha parecido muy extraño, cuando el miércoles casi se muere si llega a pasar media hora más". En esos momentos, todavía estaba convencido de que "legalmente no pueden llevarlo a cabo porque los médicos le han prohibido salir del hospital. Él quería pedir el alta voluntaria pero los médicos se lo han negado. Su salud corre mucho riesgo porque son 470 de diabetes y dieciocho de tensión. Tuvo un pre infarto". Estas declaraciones las hizo tras el primer encontronazo con la policía, a la que acusó de "haberme agarrado, pegado, me han dicho '¡vamos para adentro!", me han estrangulado cogiéndome por el cuello y he estado casi un minuto sin respiración mientras me pegaban en las rodillas.

Disimuladamente me pegaban por todos lados, cuando lo que hemos hecho es una resistencia pasiva".

En la plataforma también están convencidos de que "detrás de todo esto hay una operación inmobiliaria y lo están haciendo lo más rápido posible para taparlo". Dicen que otros vecinos de la zona han sido presionados para que vendan.

A golpe de maza fue abierta la puerta y el cerrajero que cambió la cerradura tuvo que ser escoltado. Lo mismo ocurrió con el nuevo propietario, que tomó posesión de su vivienda entre los gritos de los presentes. Los 'indignados' también denunciaron que sólo uno de los policías llevaba la placa identificativa y que seis de ellos, como otros tantos agentes, han denunciado también haber sido heridos. Tras estos incidentes, una joven integrante de la plataforma del 15-M, antes de dirigirse a la comisaría para interesarse por sus compañeros, insistió en "la injusticia de haber mandado a cuarenta policías sabiendo que éramos muy pocos defendiendo a una familia que ha sido desahuciada por un fraude del banco. No ha habido consideración con la familia. Ha habido desmayos y no se han movido, no se han inmutado. Se han llevado a unos compañeros que no han hecho nada, que en todo momento han sido pacíficos. Vamos a denunciarlo y vamos a tomar las medidas pertinentes porque han dato patadas, han dado con las porras, han cogido del cuello, disparos al aire... Lo he visto desmesurado".

También aseguró que "un íntimo amigo de la familia ha ido al banco a ofrecer el doble de lo que el nuevo dueño ha pagado por la casa, pero le han dicho que o cuarenta millones o nada". Incluso una agente se vino abajo y acabó llorando en un momento dado cuando una indignada  le dijo que ella también la defendería si le hiciera falta. Fue la cara humana de una contundente actuación policial contra quienes intentaban impedir que se ejecutara la orden judicial de desahucio en Caulina.