Los dos funcionarios de prisiones detenidos el jueves por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito de cohecho continuado en el tiempo volvieron ayer a prestar declaración en los juzgados de Jerez. La jueza que lleva el caso decretó la libertad con cargos para J.M.G.R., mientras que para I.M.P. dictó prisión eludible con fianza de 6.000 euros, que el funcionario pagó para evitar tener que entrar en la cárcel de Puerto II, donde son trasladados los presos preventivos. Además, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación interna al hilo de la detención de ambos funcionarios del Centro de Inserción Social de Jerez y Puerto III.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias informaron a Europa Press de la apertura de dicha investigación y explicaron que con ella se busca comprobar el buen funcionamiento de tratamiento de los centros penitenciarios afectados por este caso.

Estas mismas fuentes señalaron que la pasada semana se trasladaron unos inspectores internos a los citados centros penitenciarios, que, "sin afectar a la investigación judicial, pretenden tomar en su caso medidas cautelares por carga probatoria", lo que podría llevar a "la eventual suspensión de empleo y sueldo" de los citados funcionarios detenidos por los presuntos delitos de los que se les acusa.

La noticia de la detención de estos funcionarios de prisiones cogió ayer de sorpresa a sus compañeros. Uno de los representantes del sindicato Acaip comentaba telefónicamente a este medio que todo le resultaba "muy extraño" y que los arrestados llevan "muchos años desarrollando su labor con nosotros sin que ninguno haya detectado ningún comportamiento raro".

Advertía, eso sí, que "será ahora la justicia la que tenga que hacer su trabajo y dictaminará si todo lo que se ha comentado es cierto o no, porque ya digo que nosotros no hemos detectado nada. Ante todo nosotros queremos manifestar que debe prevalecer la presunción de inocencia de ambos".

El representante del sindicato de funcionarios de prisiones decía también que "hasta ahora nosotros no tenemos ningún tipo de sospecha de ellos y lo que queremos es que todo se resuelva cuanto antes porque esto no es bueno para nadie. Ojalá se trate de un bulo que se hayan inventado algunos internos para ir contra los funcionarios como ya hicieron en su día presos de ETA. Esperemos que todo quede en nada, porque una cosa es acusar y otra poder demostrar todo lo que se dice", decía. "La justicia que haga su trabajo y decida", concluyó.

No obstante, el hecho de que la jueza haya decretado prisión con fianza para uno de ellos y libertad con cargos para otro quiere decir que no se ha tomado a la ligera la documentación aportada por la Guardia Civil y el fiscal anticorrupción, que llevan trabajando en el caso desde diciembre de 2014, cuando la pareja de un recluso denunció que había abonado 2.000 euros a I.M.P. como anticipo para que le consiguiera una de las codiciadas pulseras del CIS que permiten poder hacer una vida prácticamente normal fuera del centro. A raíz de ahí vinieron otras muchas denuncias por extorsión. En total hay 21 personas investigadas (imputadas) y 17 testigos que ya han declarado en la Comandancia de la Guardia Civil.