No lleva nunca reloj, pero jamás llega tarde a sus citas. Harto de esperar que le hagan justicia, que respeten sus derechos de reversión sobre la salina Nuestra Señora de los Desamparados, en pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz, en Puerto Real, se ha decidido a denunciar su situación, a dar a conocer la desigual batalla que libra al frente del único estero extensivo tradicional de pescado que sobrevive en la provincia. Cual habitante de la mítica Numancia, José María Jiménez Derqui, ingeniero reconvertido en industrial de la pesca de estero, intenta desde hace varios lustros ganar su jornal y el de su familia con una actividad tradicional en franco peligro de extinción.

Jiménez Derqui adquirió los derechos de reversión que la empresa Río San Pedro poseía por acuerdo del Gobierno Civil de Cádiz de agosto de 1988 sobre 94 hectáreas de terreno. En junio de 1997, presentó ante la Demarcación de Costas solicitud para la concesión del cultivo de especies marinas que desarrollaba en la salida de los Desamparados. Tras ello, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el deslinde de los bienes pertenecientes al dominio público marítimo terrestre en el tramo de la margen izquierda del Río San Pedro, donde se ubica la salina, lo que ralentizó su demanda. Por fin, en el año 2000, Costas notificó a la empresa Sepes (titular de las fincas expropiadas a particulares para el Actur, área de actuación urgente, del Río San Pedro), la solicitud presentada por el industrial, para que ejercitara, si así lo deseaba, su derecho preferente. Al no contestar, la petición de Jiménez Derqui siguió su curso y en febrero de 2004, Costas le otorgó la concesión para ocupar el dominio público de la finca sobre 627.080 metros cuadrados por 10 años, prorrogables hasta 30.

Desde el principio Derqui planteó su consideración como anterior titular y que se le reconocieran los derechos sobre toda la superficie, 94 hectáreas. Pedía por ello que se le aplicara la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, que recoge que los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la Ley (hay jurisprudencia en casos similares, como en la vecina salina La Imposible) pasan a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público, por 30 años, prorrogables por otros 30, sin obligación de abonar canon.

No obstante, desde Costas le informaron que, si bien existía el acuerdo para la reversión, ésta no se había culminado al no presentar el abono del justiprecio. Los intentos que el afectado ha realizado para que la Sepes fijara el justiprecio y culminara la reversión han obtenido la callada por respuesta.

Es precisamente por ello que desde entonces, Costas le gira unos cánones que el industrial considera excesivos y que tiene recorridos desde hace años a todas las administraciones implicadas y en los Tribunales.

Paradojas de la vida, informes de la Demarcación de Costas le han reconocido expresamente la conveniencia de revisar de ocio esos cánones, sin que nadie haya movido sin embargo un dedo.

El afectado tiene carpetas y carpetas de documentos oficiales que dan fe de ello, junto a infinidad de peticiones para que se adopte la medida cautelar de suspender los recibos. "Se me ha expropiado indignamente, sin contraprestación alguna, y encima tengo que soportar la burla sangrante de tener que pagar por una explotación de tamaño inferior a la que era de mi propiedad. Por si no fuera suficiente, desde Costas se siguen burlando de mí pues, por una parte, reconocen la necesidad de tramitar un expediente de revisión de oficio, y por el otro, se dedican a dilatar el procedimiento, no contestando a mis alegaciones y ni tan siquiera adoptando la medida cautelar requerida, enviándome los cánones de la vergüenza", denuncia el dueño del estero.

Este diario contactó hace tres semanas con Costas para conocer los motivos por los que no se revisa su expediente. Desde la Demarcación indicaron que enviarían una respuesta, pasando los días sin pronunciamiento alguno hasta que, al insistir nuevamente este diario, señalaron que no habría réplica.

El propietario sospecha que la "injusta situación" que padece se mantiene por el interés de la Junta de Andalucía de anexionar su salina al parque metropolitano de Los Toruños. De hecho, cuando la Mancomunidad de Municipios de la Bahía gestionaba el parque, llegó a un acuerdo verbal por el que dejaba que pasara un carril bici por el muro de contención de su estero, a cambio, entre otras cosas, del arreglo de su casa y de una nueva caseta de vigilancia, ya que la hasta entonces existente fue pasto de las llamas en el mismo fuego que calcinó el puente de Los Toruños.