Una sociedad fragmentada, con dos grandes fuerzas accionariales enfrentadas, un pacto entre los grandes propietarios roto, las cuentas y la gestión de dos ejercicios sin aprobar, sin un futuro claro, con tres años de pérdidas por valor de 85 millones... el proceso en el que el Sevilla está inmerso desde 2019 parece no tener fin. Un lío de autos judiciales, sentencias, recursos, petición de medidas cautelares... siempre con José María del Nido Benavente como protagonista directo y que consta de hasta 15 procedimientos interpuestos entre los actores principales de la obra, 15 demandas de ida y vuelta en el que también son partícipes José Castro, José María del Nido Carrasco, Sevillistas de Nervión y el Sevilla como entidad.

Una judicialización que tiene su génesis primigenia en la entrada de un capital extranjero, conocido por todos como 777 Partners o Sevillistas Unidos 2020 que encontró la promesa (por escrito y ante notario) de hacerse con el control de la entidad con una venta paulatina de acciones por parte de la alianza que actualmente domina el consejo y que finalmente no se produjo. Ello se solucionó –o estaba llamado a encontrar una solución– con el pacto que firmaron los máximos accionistas el 22 de noviembre de 2019, casi un mes antes de la Junta General de ese año. Un pacto que le daba la presidencia a Castro hasta 2023, cuando a la familia Del Nido le correspondería nombrar a un nuevo presidente.

Desde entonces, ha sido un no parar de demandas cruzadas cuando una de las partes (aunque al final son las dos las que defienden que la contraria lo rompió), dio por incumplido el pacto. Del Nido Benavente, entre otras razones, según ha explicado el ex presidente en varias ocasiones, por una subida de la remuneración de los cargos del consejo, en la que también incluyó a su hijo José María en el cargo de vicepresidente.Fueron José Castro y Sevillistas de Nervión (que incluye al presidente y a las familias Alés y Guijarro) los primeros que abrieron el fuego judicial con una demanda contra Del Nido Benavente en el Juzgado número 3 de lo Mercantil por incumplimiento del pacto. Este primer procedimiento fue archivado al declararse incompetente el juzgado.

A esta demanda le sucedieron otros dos procesos iniciados por Castro y Sevillistas de Nervión al tercero de los cuales se sumó Del Nido Carrasco. Fue una petición de medidas cautelares con relación al pacto a este mismo juzgado que decretó admitidas en primera instancia un juzgado de lo Mercantil y que fueron revocadas después por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla. La segunda, ya en 2021, era una reclamación de una indemnización de 30 millones de euros a Del Nido Benavente por incumplir el pacto en un juzgado de primera instancia que fue declarado suspendido por entender el juez que corresponde a la vía civil al tratarse de un acuerdo entre particulares.

Ya con Del Nido Benavente como demandante, antes de la Junta de Accionistas de 2021 se solicita al juzgado de lo Mercantil número 2 medidas cautelares para poder votar éste en la misma, que fueron desestimadas en primera y en segunda instancia.Las consecuencias ya son conocidas. Del Nido no pudo votar en la Junta al esgrimir el consejo la agrupación de sus acciones en 2018 para nombrar tres consejeros por el derecho de las minorías. También fue archivado el procedimiento, aunque está recurrido y pendiente de resolución en la Audiencia. Ese mismo año, en 2022, Del Nido vuelve a pedir medidas cautelares sobre este asunto denegadas tanto por el Juzgado de lo Mercantil número 3 como por la Audiencia.

Posteriormente, Del Nido pide la resolución del pacto al entender que es nulo en el Juzgado número 10 de Sevilla, un proceso en el que aún no se ha celebrado ni la audiencia previa al juicio. Pese a ello, pide las medidas cautelares, que son estimadas y que después apelaron ante la Audiencia Castro, Del Nido Carrasco y Sevillistas de Nervión y cuya resolución aún está pendiente.

Impugnación de la Junta y el derecho al voto

Del Nido tampoco puede votar en la Junta de 2022 y, por tanto, presenta otra demanda de impugnación de los acuerdos adoptados en dicha Junta que fue estimada parcialmente (hay que recordar que el juez de lo Mercantil número 2 dictó que el consejo cometió una “ilegalidad” al no permitirle el voto, pero mantuvo los cargos del mismo).

El ex presidente también impugnó los acuerdos adoptados en la Junta del 27 de julio de 2023, la Extraordinaria que pidió para revocar al consejo, lo que está pendiente de la celebración de la audiencia previa.

Igualmente, aparte de demandas de acción penal por “privación ilégitima de voto” contra Castro, también pidió medidas cautelares para asegurarse el poder ejercer su derecho al voto en la Junta de diciembre de 2023, que fue Ordinaria y Extraordinaria a petición de él mismo, pero el juzgado, además, se dio mucha celeridad para resolver a tiempo, desestimó las medidas y el consejo volvió a acogerse a la agrupación de acciones de 2018 para asegurarse su continuidad en los puntos en los que el ex presidente, como en las anteriores Juntas, había pedido la remoción de los cargos.

Paralelamente, Del Nido Benavente también ha interpuesto demandas de acción penal contra Castro por la admisión indebida de representación de acciones invalidas en la Junta. Accionistas Unidos se había quejado de que el letrado quería impedir su votación en la Junta, aunque lo que el ex presidente ha denunciado en varios procesos ha sido que han votado en algunas Juntas acciones representadas sin el documento pertinente de los propietarios específicos para una determinada Junta (se usaban, según su criterio, mandatos de Juntas anteriores). Ello, no obstante, ha sido desestimado por los juzgados de instrucción que ha llevado las diligencias.

Y todavía quedaba una más, la presentada por Carolina Alés, Castro y Del Nido Carrasco contra el padre de éste por incitación a la violencia, coacciones y amenazas después de que aparecieran pintadas en los despachos y domicilios de los dos primeros el día antes antes de la Junta. 

Aún queda mucha tela por cortar. Sobre todo lo que decida la Audiencia Provincial sobre el pacto, lo que será la madre del cordero a partir de 2024, cuando la agrupación de acciones expira y, con ello, la fórmula del actual consejo de impedirle el voto al máximo accionista.