La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, suscribieron ayer este miércoles un protocolo que incluye 149 obras de tratamiento de aguas en la comunidad autónoma, con una inversión prevista de 790 millones de euros hasta el año 2021 para atender las necesidades de 2,4 millones de habitantes.

La ministra ha destacado que el Gobierno estará presente en 31 de estas actuaciones con un presupuesto de 230 millones de euros del programa operativo de Fondos Feder. Del total de 149, 31 tendrán lugar en la provincia de Jaén; 28 en la de Sevilla; 23 actuaciones en la de Granada; 16 en la de Málaga y en la de Córdoba; 15 en la provincia de Cádiz; 12 en la de Huelva; y ocho en Almería. Mientras tanto, el Gobierno andaluz aportará 561 millones, de los que un 90% corresponden al canon de mejora autonómico y el 10% restante a fondos Feder.

La Administración regional aportará 561 millones, el 90% a cargo del canon de mejora

Este protocolo de colaboración define las líneas para el cumplimiento de la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales en Andalucía. El documento contempla las actuaciones en el marco de acción comunitaria 2014-2020. "Es importante lo que firmamos porque seguimos trabajando en mejorar la calidad de nuestras aguas y en el cuidado de este recurso", sostuvo García Tejerina. En su intervención destacó la puesta en marcha por parte del Ejecutivo del Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, Plan CRECE, con unas inversiones en materia de depuración de 1.100 millones de euros hasta 2020.

Gracias a este Plan, el Ministerio invirtió en 2015 un total de 24,5 millones de euros en Andalucía para impulsar ocho actuaciones que ya estaban en marcha. Con cargo el Plan Crece se acometerán en los próximos años veinte nuevas actuaciones de saneamiento integral por valor de esos más de 200 millones de euros.

Por su parte, el consejero andaluz de Medio Ambiente subrayó que la Junta "es muy consciente de las dificultades de los ayuntamientos a la hora de abordar infraestructuras de saneamiento y depuración"; de ahí que considere "una prioridad auxiliar a los ayuntamientos para que puedan depurar sus aguas".