Podemos y Alianza Verde han remitido a PSOE y Sumar una propuesta de ley para que el Congreso eleve al máximo la protección del Parque Natural de Doñana, un ecosistema de "enorme valor que actualmente atraviesa una situación crítica". La iniciativa, según explican fuentes de ambos partidos, plantea reconocer la personalidad jurídica de Doñana -como ya se ha hecho con el Mar Menor-, lo que establecería el derecho a existir y evolucionar, a la protección y la conservación, y también a la restauración de este entorno.

De esta forma, Podemos y Alianza Verde reclaman esta proposición de ley a los dos días de que PSOE y Sumar sellarán un acuerdo programático de coalición y que recupera una iniciativa que llegó a anunciar el anterior grupo de Unidas Podemos la pasada legislatura. Recientemente ambas fuerzas explicaron en Andalucía que estaban trabajando en una iniciativa idéntica, también con intención de que la impulsara la coalición por Andalucía en el parlamento autonómico.

El acuerdo de coalición pactado entre PSOE y Sumar incluye en uno de sus puntos, aunque sin detalles específicos, la intención de ambas partes de definir planes territoriales de conservación y restauración ambiental para territorios y comarcas con "alto impacto" a causa del cambio climático, entre los que incluye a Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, la Mancha Húmeda o los territorios insulares.

La formación ecologista que coordina el exdiputado Juantxo López de Uralde criticó la falta de ambición y concreción de ese pacto, mientras que Podemos lo acogió con frialdad y se quejó de no haber sido informado al detalle de las medidas, algo que replicó Sumar y su líder, Yolanda Díaz, quién ayer aseguró que conocían la negociación desde el primer minuto.

Respecto a la iniciativa, Podemos y Alianza Verde argumentan que este texto proporcionaría más herramientas jurídicas a instituciones y la ciudadanía "para que cualquiera de ellos pudiera defender los derechos de Doñana ante los tribunales, evitando agresiones al espacio natural de mayor valor del país".

La propuesta planteada por ambas formaciones supondría "un blindaje permanente" para Doñana, que no dependería de los "vaivenes políticos" de las distintas administraciones implicadas, entre las que figura la Junta de Andalucía, que recientemente llegó a presentar una ley para regularizar regadíos "ilegales que supondría el secado definitivo de los acuíferos de la zona" y que luego su tramitación quedó suspendida tras un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica.