Lo que no ha conseguido el nacionalista catalán José Antonio Duran Lleida -eliminar el PER-, puede estar hecho ya: al menos, para el año 2011. Si el Gobierno central no vuelve a modificar el decreto de medidas de reducción de déficit que aprobó el lunes pasado, el conocido tijeretazo, las obras del Plan de Empleo Rural (PER) corren un serio peligro, ya que las diputaciones las financian con las operaciones de créditos que estarán prohibidas en 2011.

Y no sólo eso. También peligrarían las inversiones de los planes provinciales de obras y servicios, unos fondos con los que las diputaciones ayudan a los pueblos y, en especial, a aquellos con una población menor de 5.000 habitantes. En Granada, por ejemplo, esa cifra suma 16,3 millones de euros; en Huelva, 9 millones y en Almería, 4,6 millones. Incluso, algunas inversiones derivadas de ayudas de la Unión Europea también podrían perderse en 2011 por culpa del decreto. La razón de ello se resume en un mecanismo: la cofinanciación, por la que diputaciones y municipios reciben ayuda a cambio de que participen con un porcentaje del total. Si no es posible obtener ese dinero prestado de entidades financieras públicas o privadas, como establece el decreto, será muy difícil acceder a estas ayudas porque casi ninguna diputación ni ayuntamiento cuenta con superávit de gasto corriente para financiarse con recursos propios.

De estos problemas ya son conscientes algunos de los ayuntamientos y diputaciones consultados, incluso en la Junta de Andalucía, de ahí que los afectados apuesten a por un nuevo cambio del decreto o por alguna novedad en los presupuestos generales del Estado que lo subsane.

Por partes: primero, el PER. El decreto no anula el subsidio agrario que cobran los trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura, un derecho al desempleo que consiguen al sumar 35 peonadas (este año 20, a causa de las inundaciones). Sin embargo, sí hiere al mecanismo de compensación cuando no se encuentra el suficiente trabajo en el campo, que no es otro que reunir las peonadas laborando en obras municipales financiadas por las diputaciones y la Administración central. Cada año, las diputaciones aprueban unos fondos para comprar los materiales con los que se realizan diversas obras, se adecentan calles y plazas, se efectúan nuevas construcciones, se acometen trabajos forestales e, incluso, se levantan equipamientos. La Administración central, por su parte, paga el salario de la mano de obra. Como las diputaciones tampoco están sobradas de dinero, solicitan un crédito -por lo general al Banco de Crédito Local- para pagar los materiales y, después, la Junta de Andalucía les compensa el 75% de la totalidad.

Si durante el año 2011, las diputaciones no podrán acudir a los créditos, no habrá manera de mandar dinero a los municipios, a no ser que, uno, se modifique el decreto; dos, que la Junta las pague, o tres, que se endeuden este año con vistas al siguiente. Esta última es una buena posibilidad, de ahí el tremendo malestar que se levantó el lunes cuando los munícipes leyeron en el BOE que este año ya no podrían solicitar más créditos, ni siquiera en 2010. Finalmente, el Gobierno rectificó el martes, pero 2011 sigue siendo un año vetado para acudir a los bancos.

Un ejemplo. La Diputación de Cádiz solicitó el miércoles pasado un préstamo de 5,7 millones de euros para las pagar los materiales de las obras del PER de este año, y dentro de unos meses, la Consejería de Gobernación le abonará el 75%. Si el decreto de reducción de déficit no se hubiera cambiado, la Diputación no habría podido solicitar el préstamo. Una fuente de la corporación provincial explicó a este medio que la institución no cuenta con 5,7 millones de euros prestados por el banco.

Estas obras municipales son utilizadas por muchos trabajadores agrícolas para cumplir con las peonadas que requiere el subsidio, y los ayuntamientos las utilizan como fuente de inversión para equipamientos públicos. Hay que considerar que, además, el próximo año tampoco habrá la línea de inversiones municipales del Plan E del Ministerio de Política Territorial, que ha sido de 5.000 millones de euros en 2010.

Un problema similar ocurre con los planes provinciales de obras y servicios, unos fondos de las diputaciones para ayudar a los municipios. En realidad, los fondos provienen de la administración central y de la Junta, pero los municipios y las diputaciones deben cofinanciarlo y, claro está, ese dinero se suelo obtener en bancos y cajas.

Pero algunas fuentes consultadas en municipios y diputaciones aún apuntan otro problema. La Unión Europea cuenta con una buena cantidad de fondos para inversiones municipales, sobre todo las relacionadas con el medio ambiente, caso de las depuradoras.

La práctica habitual es que Bruselas libera estos fondos siempre que sean cofinanciados por los organismos territoriales. Se trata de un modo de corresponsabilizarlos de la inversión.