La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Ayuntamiento de Jerez todos los expedientes en torno al colegio que la congregación de los 'Legionarios de Cristo' quiso construir en Jerez y que finalmente no llegó a buen puerto, a pesar incluso de que Nueva Rumasa, a través de la Fundación 'Teresa Rivero' (esposa del empresario José María Ruiz-Mateos) le prometiera 600.000 euros para la adquisición de solares en la ciudad. El centro fue asumido pasó a denominarse posteriormente 'Saint Thomas' y es gestionado por la Fundación Dom.

Una denuncia del partido de Pedro Pacheco, Foro Ciudadano, fue el origen de las actuaciones actuales. Todo comenzó cuando la ultraconservadora congregación de los Legionarios de Cristo, decidió abrir en Jerez un centro educativo bajo la marca 'Highlands'. Corría 2007. Se denunció que carecía de licencia de apertura. En 2012 cambió de manos y se denunció que los gestores realizaron presuntamente diferentes obras sin los pertinentes permisos municipales, lo que originó una serie de expedientes sancionadores (multas) que, según la denuncia de los nacionalistas, no se abonaron jamás. Saint Thomas se hizo cargo de las instalaciones de la carretera de Cartuja sin que este centro (también católico) guarde relación alguna con los Legionarios. Hasta dicho cambio de titularidad fue puesto en tela de juicio por Foro, acusando al Gobierno municipal de mirar para otro lado.

Desde la Fiscalía Anticorrupción se investiga sobre todo si los expedientes sancionadores se dejaron en un cajón esperando que éstos, valga la expresión desde un punto de vista administrativo, murieran; dicho de otra forma, que caducaran y ya no tuvieran que ser abonadas las multas por los presuntos infractores.

Los expedientes que se investigan, según ha podido saber este medio, hacen referencia sobre todo a la licencia de primera ocupación y a la realización de una obra que se ejecutó al parecer sin licencia alguna.

Los datos reclamados por Anticorrupción persiguen determinar si hubo algún tipo de dejadez en la labor administrativa bajo una consigna política. En caso de que así fuera, el actual equipo de Gobierno y sus principales representantes, con la alcaldesa al frente, se enfrentarían a un presunto delito de prevaricación por omisión, cargo muy distinto de los presumidos por los nacionalistas, que apuntaban a "delitos sobre la ordenación del territorio y contra la administración pública". El asunto, según pudo saber este medio, se encuentra en estos momentos en fase de investigación sin que se haya determinado por ahora delito alguno por parte del actual equipo de Gobierno.