El registro realizado el miércoles por decenas y decenas de inspectores de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) -no menos de 40 según avanzó este periódico- en la sede de la patronal bodeguera Fedejerez y las principales firmas bodegueras del Marco es sólo el primer paso en la investigación abierta por el organismo dependiente del Ministerio de Economía ante las "sospechas" de supuestas prácticas contrarias a la libre competencia en el sector.

La CNC emitió ayer un comunicado a través de su página web -www.cncompetencia.es- en el que anuncia el inicio de una investigación por un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios en el sector del vino fino de Jerez, actuación que entronca con la decisión de incoar expediente sancionador a siete de las principales bodegas del Marco y a Fedejerez, cuyas sedes fueron objeto del minuicioso registro simultáneo llevado a cabo por los inspectores del organismo estatal el miércoles.

El antiguo Tribunal de la Competencia informa que, junto a la patronal bodeguera, las sospechas por supuestas prácticas anticompetitivas que han motivado la apertura del expediente sancionador S/0091/08 Vino se extienden sobre Williams & Humbert, González Byass, Emilio Lustau, complejo bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz-Mateos (Garvey), José Estévez y Antonio Barbardillo.

En su nota informativa, Competencia explica que la investigación de los cárteles de precio y reparto de mercado constituyen una prioridad para el ente dependiente de Economía y Hacienda por la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores, si bien puntualiza que tanto las inspecciones como la apertura del expediente sancionador no prejuzgan el resultado final, es decir, no implica necesariamente que concluya en sanción.

En cuanto a los registros simultáneos efectuados en las bodegas y la sede de Fedejerez, en los que como anticipó este medio se intervino diversa documentación sobre la que se mantiene absoluta confidencialidad, el organismo estatal señala que el objeto de las inspecciones es verificar si las empresas implicadas han incurrido en prácticas restrictivas de la libre competencia a través del establecimiento de acuerdos para repartirse el mercado y la fijación, directa o indirectamente, de precios, condiciones comerciales o de servicio.

Aunque en la nota oficial únicamente se alude a supuestas prácticas restrictivas en el mercado del vino fino, fuentes del sector apuntaron ayer que en el fondo de la investigación reside la guerra de precios de las marcas blancas que enfrenta a las bodegas del Marco y a los contactos que, al parecer, habrían mantenido distintas firmas bodegueras para rescatar lo que en su día se llamó la mesa del BOB.

A diferencia de la otra investigación actualmente en curso a instancia de parte tras las denuncias presentadas por Caydsa y Garvey en relación al acuerdo adoptado en el pleno del Consejo Regulador del vino sobre el cupo de ventas, que la CNC ha suspendido cautelarmente hasta la resolución definitiva del expediente, la nueva actuación se articula de oficio, aunque no se descarta la posible relación entre ambos casos.

Desde la Comisión de la Competencia puntualizaron ayer, no obstante, que independientemente de la relación que pueda existir entre uno y otro caso, los dos expedientes son distintos y siguen cursos diferenciados. En este sentido, mientras la investigación del cupo de ventas ha agotado ya un tercio de los 18 meses que se establecen para su resolución, el plazo legal para la instrucción del nuevo expediente sobre el vino fino se abre ahora.

En su nota informativa, Competencia también explica que la investigación de los cárteles de precio y reparto de mercado constituyen una prioridad para el ente dependiente de Economía y Hacienda por la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores, si bien puntualiza que tanto las inspecciones como la apertura del expediente sancionador no prejuzgan el resultado final, luego no implica necesariamente que acabe en sanción.

Ahora bien, añade la nota informativa, en caso de que finalmente se desmuestre la existencia de tales conductas restrictivas, que constituirían una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia considerada muy grave, las bodegas bajo sospecha podrían enfrentarse a una multa de hasta el 10% de su volumen de negocios total en el ejercicio inmediatamente anterior al de la resolución del expediente. Con números gruesos y teniendo en cuenta que la facturación de las bodegas por jerez hacia el año 2000 era próxima a los 40.000 millones de pesetas (240 millones de euros), de confirmarse la sanción, estaríamos hablando de una cifra muy importante, nunca inferior a 6 millones de euros.