Los cinco hijos de José María Ruiz-Mateos se escudaron en su padre durante su declaración en el juicio que se celebra contra ellos por un delito de insolvencia punible en relación a la quiebra de una de sus empresas, y aseguraron que no pedían explicaciones de las operaciones que firmaban ante la "absoluta confianza" que tenían hacia su progenitor.

Se sientan en el banquillo de los acusados por la comisión de un presunto delito de insolvencia punible en relación con la despatrimonialización de la empresa Finamerco tras declararse en quiebra. El fiscal pide seis años de cárcel para los acusados, mientras que la acusación particular eleva la pena a trece años de prisión por varios delitos, entre ellos asociación ilícita y falsedad.

Finamerco era la sociedad que había comprado Bodegas Garvey a la firma Graspesherry por un importe de 650 millones de pesetas (3.906.578 euros), de los que en el acto de compra se pagaron 50 millones (300.506 euros), dejándose a deber el resto, 600 millones de pesetas (3.606.072 euros).

El abogado Jesús Vázquez, que representa a la acusación particular, sostiene que los hijos de Ruiz-Mateos forman parte de una asociación ilícita para delinquir que ya desde hace muchos años "se confabularon todos para quitarle el dinero a ciertas personas", manifestando que "el instigador" de todo era el padre, siendo ellos los que firmaban. Y les acusa de deshacerse de su dinero, alzándose con bienes.

En la fase de cuestiones previas al juicio, la defensa de Alfonso y Pablo Ruiz Mateos, ejercida por el letrado jerezano Juan Pedro Cosano, solicitó la nulidad del procedimiento por producirse una violación "suficientemente" palpable del principio de legalidad procesal, así como por inculcarse derechos fundamentales. Además, alegó que el delito de insolvencia punible que se imputa a sus clientes habría prescrito.

Los cinco hermanos Ruiz-Mateos (Pablo, Alfonso, Zoilo, Álvaro y Francisco Javier) aseguraron que era su padre quien tenía todo el poder de decisión tanto en la antigua Rumasa como en Nueva Rumasa. "Mi padre decía a las 12 en el notario y eso iba a misa y punto pelota", dijo Álvaro.

Los cinco hermanos declararon ayer junto con su primo Zoilo Pazos Jiménez en el proceso que se sigue contra ellos, así como contra María Ángeles Gil (secretaria de Ruiz-Mateos padre), Víctor Tomás de la Cruz (su chófer, guardaespaldas y delegado del Rayo Vallecano), Encarnación y Carlos Solana y Nuria Milagrosa, todos ellos imputados por insolvencia punible.

Álvaro Ruiz-Mateos aseguró que "ninguno de los que están en esta sala tienen poder de administrador. En este grupo (Nueva Rumasa) y con mi padre, el administrador de derecho no pinta lo que la ley dice que es", ha subrayado.

"Mi padre, de 84 años, ha trabajado 70, y en ellos ha hecho infinidad de cosas buenas, y lo que no me vale es que para lo bueno, es un fenómeno mi padre, y para lo que no es bueno, son los hijos".

A preguntas del fiscal y de los abogados de la defensa y de la acusación sobre si su padre le pidió que fuera administrador de alguna empresa, Álvaro dijo que las cosas no funcionaban así. "Mi padre nunca preguntó si quería ser administrador, eran órdenes que iban a misa".

En el caso Finamerco se les imputa el presunto delito de insolvencia punible a raíz de una operación en la que los acusados, "actuando de común acuerdo y guiados por el ánimo de enriquecerse ilícitamente, efectuaron operaciones mercantiles entre el 30 de julio de 1997 y el 31 de marzo de 2000 que tenían por objeto la declaración de la quiebra de la entidad Finamerco".

Era una sociedad de la que eran administradores Pablo, Alfonso, Zoilo Ruiz-Mateos, Encarnación y Carlos Solana Contreras y Nuria Milagrosa.

Según el escrito de calificación provisional, la imputación de insolvencia punible se establece por la concatenación de la ejecución por parte de los acusados de operaciones fraudulentas consistentes en la "despatrimonialización" de la sociedad compradora, a fin de no hacer frente a las obligaciones mercantiles contraídas.

En su declaración, Pablo señaló que no recuerda lo que firmó en esa época, dado que han pasado 17 años, y dijo que no solía pedir explicaciones de las operaciones que firmaba como administrador de Bodegas Garvey. "Se hacía por sistema porque eran empresas sin deudas a terceros", señaló, y resaltó que su convicción era que "todo se hacía con plena legalidad".

A continuación, Alfonso detalló que siempre se seguían las instrucción de su padre, dado su perfil humano como empresario. "Tenía una jerarquía bárbara y una capacidad de trabajo enorme. Estaba atento a todos los detalles. Nuestra confianza era absoluta. Entiendo que es difícil creerlo pero era así", subrayó el hijo de Ruiz-Mateos, e insistió en que no sospechaba que algo pudiera ser ilícito.