Izquierda Unida tiene en mente plantear en el Pleno municipal una iniciativa en la cual solicita que la Policía Local de la ciudad no colabore en ningún desahucio que se lleve a cabo en la ciudad. La propuesta de la formación que dirige en Jerez Raúl Ruiz-Berdejo es tan bisoña como ilegal o, incluso, puede convertirse en una bomba de relojería legal contra los intereses de la actual alcaldesa jerezana, la socialista Mamen Sánchez. Según se apunta desde el seno del SIP (sindicato mayoritario de la Policía Local de la ciudad) los agentes del cuerpo local poco pueden hacer a este respecto cuando un desahucio está amparado por un mandamiento judicial. Contravenir, no atender o ignorar la orden del juez supondría un desacato que en el caso de una fuerza de la ley tendría muy serias consecuencias.

El secretario general del Sindicato Independiente de Policía, Javier Romero, manifestó ayer a este medio que la solicitud que Izquierda Unida a este respecto es discutible. Según Romero, "la máxima responsable de la Policía Local de Jerez es la alcaldesa. Si hay un mandamiento judicial para que la Policía Local acuda a un desahucio sólo ella puede decir que no y sabiendo lógicamente las graves correspondientes consecuencias legales a las que se enfrentaría".

En el lado positivo de esta propuesta se encuentra el hecho, no menos cierto, de que las labores de policía judicial no suelen ser acometidas por los cuerpos locales de policía. "Normalmente -apunta Javier Romero- esas funciones son realizadas por las unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía en la zona urbana y de la Guardia Civil en la zona rural".

Una vez visto que si hay mandamiento judicial la actuación de la Policía Local sería absolutamente obligada, "de otro lado caen las denominadas actuaciones administrativas, en las cuales sí podría haber otro tipo de acción", en esta caso de inacción por orden de la autoridad política. Lo más habitual en estos casos es que la Policía Local acudiera a un desahucio para realizar labores de asistencia a los cuerpos estatales, tales como prestarle ayuda en caso de necesidad o mantener la seguridad en la zona mientras se acomete y se lleva a cabo el mandamiento judicial, es decir, mantener el control del acceso a la 'zona de conflicto' o impedir el paso de tráfico rodado mientras se desarrolla el desalojo.

En todo caso, como parece ser, la iniciativa de Izquierda Unida no tendría mayor repercusión que conseguir que la Policía Local no colaborara de forma secundaria en desahucio alguno bajo las órdenes directas de la alcaldesa de la ciudad que, como ya ha quedado expuesto, es la máxima responsable de esta fuerza policial, por encima incluso de sus máximos representantes policiales.

Como se recordará, la propuesta de Izquierda Unida incluye un total de 12 medidas, entre las que se incluye la creación de una comisión de seguimiento así como la no ejecución de desahucios por parte del Ayuntamiento en viviendas protegidas públicas, garantizar el acceso a la información respecto a la Bolsa de Viviendas y el acceso a su disfrute mediante la creación de un reglamento a tal efecto, la no participación de la Policía Local en órdenes de desahucio y el realojo provisional en viviendas públicas, en régimen de arrendamiento, de personas desalojadas por desahucios en virtud de resoluciones judiciales y que se encuentren en situación de exclusión social.