Otro de los grandes frentes que tiene abierto el gobierno local en materia de personal es el proceso de reincorporación de parte de los afectados por el ERE aplicado en el Ayuntamiento en 2012. A día de hoy, el procedimiento está a expensas de los informes que está elaborando un bufete de abogados sevillano sobre la viabilidad de la vuelta a la nómina municipal de 114 de los 260 despedidos. La alcaldesa, Mamen Sánchez, dijo ayer que el gabinete jurídico contratado - Martínez Escribano Abogados y Economistas SLP, que está dirigido por el ex magistrado del TSJA Alfonso Martínez Escribano- tiene de plazo hasta el día 30 para hacer los análisis individuales y reiteró que se ha recurrido a una contratación ya que la asesoría jurídica municipal "no fue concluyente" en los estudios que realizó, de ahí que se haya buscado otra voz que determine si es viable la reincorporación en cada caso.

No obstante, volvió a referirse a que los integrantes del colectivo de afectados no se encuentran en la misma situación jurídica por lo que se tiene que estudiar de manera individual. Con ello se refiere a aquellos que decidieron no recurrir las sentencias emitidas por los Juzgados de lo Social (unos 39) ya que sigue habiendo dudas legales sobre si cumplen o no con los requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda para su reincorporación. Esta diferenciación que realiza el ejecutivo local no la comparte parte de los aludidos ni la plataforma de afectados. De hecho, un grupo de ellos decidió semanas atrás iniciar un encierro en el Ayuntamiento que dura ya 20 días para exigir avances en su regreso a la plantilla municipal.

Sin embargo, la alcaldesa insistió ayer en hacer esta partición. En este sentido, apuntó: "La casuística es diferente; buena parte de los que están encerrados en el Ayuntamiento no tienen recursos y la Dirección General de Función Pública [órgano dependiente del Ministerio de Hacienda] dijo que su caso es más complicado". Eso sí, apuntó que se sigue trabajando para que los 114 puedan volver al Ayuntamiento; el plazo es el 14 del próximo mes, fecha en la que deben ser remitidos los expedientes de justificación al TSJA. En esta misma línea, la edil de Recursos Humanos, Laura Álvarez, señaló: "Espero que con los informes externos tengamos conclusiones sobre la legalidad de cada uno de los casos".

El ejecutivo local reiteró que, a día de hoy, no hay trabas presupuestarias que impidan la reincorporación de los 114 pero todos tienen que ser avalados jurídicamente. De hecho, la regidora explicó ayer que se está barajando la posibilidad de que el presupuesto municipal de este año se apruebe en el mismo pleno donde se aborden los expedientes que se enviarán al Alto Tribunal Andaluz para evitar que no haya problemas de consignación de crédito en el instante que el reingreso sea posible.