"Tengo la conciencia tranquila de que todo se ha hecho bien". En el ejercicio del derecho a la última palabra, el que fuera gerente de El Refugio en Puerto Real -acusado de maltrato animal-, volvió a defender ayer su correcta gestión al frente de la perrera ante el titular del Juzgado de lo Penal número 4, Julio Serrano. Durante la última sesión de la vista oral, el dueño insistió en que su objetivo al crear estas instalaciones no fue en ningún momento "el lucro económico".

De otra parte, el veterinario, acusado igualmente de maltrato animal, hizo también uso del derecho a la última palabra y admitió que empleó el relajante muscular Mioflex en los protocoles eutanásicos, eso sí, toda vez que el ejemplar "estaba inconsciente" previa inyección de un sedante, nunca en solitario.

La directora de El Refugio, la tercera procesada en esta causa, no quiso hacer ningún alegato final antes de que el juez decretase el procedimiento visto para sentencia.

informes y conclusiones

En la última de las cuatro sesiones que se ha prolongado el juicio, todas la partes implicadas presentaron sus informes y elevaron a definitivas sus conclusiones.

Para la fiscal especialista en Medio Ambiente, Patricia Navarro, este caso no alberga ningún tipo de duda: en El Refugio se practicaron "sacrificios masivos de perros y gatos con Mioflex", lo que ocasionó "muertes agónicas y dolorosas" a las mascotas.

Para defender sus argumentos, la fiscal ha recordado que en el registro practicado por el Seprona en las instalaciones de la perrera se hallaron "53 ampollas de Mioflex" y "un número excesivo de recetas y albaranes" de este relajante muscular "no pautado para sacrificios animales". Sin embargo, -subrayó Navarro- de otro fármaco reglado para estas eutanasias, el Calmoneosan, "sólo se encontró una única ampolla y caducada".

La representante del Ministerio Público adujo que tanto el veterinario como el gerente y la directora (en su posición de garantes de los animales depositados en la perrera) ejecutaron y permitieron, respectivamente, muertes "con fuertes sufrimientos porque les salía a cuenta". Según la Fiscalía, buscaban "reducir pérdidas económicas" administrando el Mioflex, que es un activo "más barato". Y ello pese a que sabían que causaban "perjuicios" a los animales.

A modo de conclusión, Navarro ha expuesto que los tres acusados maltrataron a los animales menoscabando su integridad "con ensañamiento" y "de forma injustificada". Puntualizó también que es legal provocar el fallecimiento de un ejemplar siempre que se haga según el protocolo establecido, con medicamentos pautados y causando el menor dolor posible.

El abogado de la acusación particular ejercida por el colectivo animalista El Refugio subrayó, por su parte, que el empleo del Mioflex como eutanásico está prohibido desde 1986, y, al igual que la fiscal, sostuvo que en la perrera se sucedieron sacrificios ilegales "de forma sistemática" con este medicamento para "abaratar costes".

El letrado de la asociación ha señalado que el veterinario procesado reconoció en instrucción que inyectaba Mioflex a los animales una vez fallecidos para evitar el rigor post mortem (un extremo éste que los peritos desavalaron por su ineficacia ante la falta de riego). Sin embargo, en el juicio ofreció otra versión y afirmó que aplicaba este relajante muscular segundos antes de las muertes, un método tampoco respaldado por los peritos que han declarado en la vista.

La acusación ejercida por la pareja de italianos cuyas mascotas perdieron la vida en El Refugio durante un fin de semana que se alojaron en régimen de residencia ha insistido en los "asesinatos" cometidos "en esa cámara de los horrores" con el único fin de obtener beneficio económico.

El abogado de los italianos ha resaltado la necrosis practicada al cadáver de unos de sus perros, cuyo cuerpo, según la bióloga que la desarrolló, presentaba síntomas de haber sufrido un shock, posiblemente, por una práctica eutanásica ilegal (sin sedantes).

Las defensas, en último lugar, han descartado el lucro económico de los procesados como motivación para emprender malas praxis veterinarias, ya que el polémico Mioflex es ya de por sí un componente "barato". También han afirmado que las instalaciones eran "dignas". "Aquello no era Auschwitz", han concluido.

Asimismo, las defensas han argumentado que ni al gerente ni a la directora administrativa se les pueden exigir conocimientos de medicina, puesto que no es su función. El tercer implicado, el veterinario, también ha sido exculpado de toda responsabilidad, según su abogado, porque su vinculación laboral con la perrera finalizó antes de que se cometieran las supuestas eutanasias irregulares.