Provincia de Cádiz

El área de Bienestar Social se convierte en un polvorín

  • El pleno del miércoles abordará crear una comisión de investigación

Técnicos, políticos y usuarios, reunidos con motivo de uno de los encuentros para hablar del decreto de inclusión.

Técnicos, políticos y usuarios, reunidos con motivo de uno de los encuentros para hablar del decreto de inclusión. / andrés mora

La situación que se vive en el área municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto es, cuando menos, preocupante. El pleno municipal ordinario que se celebrará este miércoles, 5 de mayo, abordará en el número 10 de su orden del día una propuesta conjunta suscrita por el grupo municipal del Partido Popular y el de Ciudadanos, instando al equipo de gobierno a crear una comisión especial de investigación acerca de los hechos denunciados por el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento a finales del pasado mes de mayo.

En aquella denuncia lanzada por los trabajadores se hablaba, entre otras cosas, de presiones, filtraciones e incluso agresiones por parte de algún edil de la Corporación, asuntos que vienen detalladamente recogidos en un dossier entregado el pasado 7 de abril por la plantilla de la Concejalía al alcalde, David de la Encina, y al concejal del área, Ángel M.González, a través del registro municipal.

En el documento se detallan, por ejemplo, las continuas campañas de desprestigio y de tergiversación de su labor que se viene realizando por parte de algunos colectivos, campaña que viene detallada con extractos de publicaciones en redes sociales y que hacen ver la figura del trabajador social como un enemigo del usuario, cuya labor es básicamente torpedear la recepción de las ayudas.

En el dossier se relatan hechos muy graves, como el de la filtración de un correo interno a través del whatsapp a una usuaria del servicio que solicitaba una ayuda, un correo que desmentía parte de una información que esta había facilitado a la trabajadora social. Este whatsapp llegó a manos de la usuaria, que acudió a pedir explicaciones a la trabajadora entre gritos y amenazas mientras que estaba atendiendo a otra persona.

La plantilla pide medidas para evitar que se vuelva a vulnerar la privacidad de las comunicaciones y documentos internos, así como evitar "en la medida de lo posible seguir ofreciendo cobertura institucional a personas y/o colectivos de dudosa constitución formal y/o legal, que no representan a la ciudadanía para la que trabajamos", aseguran.

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