Cerrado el acuerdo sobre la financiación autonómica, los ayuntamientos han tomado el relevo de las comunidades y llaman también a la puerta del Ministerio de Economía y Hacienda en busca de la archidemandada reforma del sistema de financiación local, es decir, del dinero que el Estado recauda y distribuye entre los ayuntamientos y diputaciones en función de una serie de conceptos o variables económicas (impuestos) y sociales (población).

Los problemas que lastran las arcas municipales son la expansión de los núcleos urbanos, el incremento de los servicios demandados por los ciudadanos y, especialmente, la asunción de competencias propias de las autonomías (sobre todo en asuntos sociales). Los gastos se multiplican y la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) es clave porque llega a representar un tercio de la recaudación total de los consistorios. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz espera recibir este del Gobierno central casi 54,3 millones de euros y su previsión de ingresos es 169,3 millones. Es el caso más destacado de la provincia, ya que la capital obtiene importantes complementos por su insularidad, carácter turístico y capitalidad, entre otros aspectos. Sin embargo, no hay municipio donde las transferencias estatales supongan menos del 20% ó 25%, de ahí la obstinada reivindicación de una participación superior acorde con la importante contribución que realizan a los fondos estatales y que llega a superar en términos relativos a la de las Comunidades.

Esta demanda cobra ahora mayor fuerza porque entre 2007 y un 2009, los 44 municipios de la provincia han visto reducidas en un 8,5% las transferencias del Estado. Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, las localidades gaditanas dispondrán este ejercicio de 252 millones de euros, casi 24 menos que hace dos, cuando la crisis todavía no había hecho mella en la recaudación fiscal.

La financiación se basa en un sistema dual que distingue entre los municipios que sean capitales o tengan más de 75.000 habitantes y entre los que no llegan a este volumen de población. En el primer bloque están la capital, Jerez, Algeciras, San Fernando y El Puerto. Estos dependen de la llamada cesión de impuestos, que consiste en la transferencia de entre el 1% y el 2% -según el tributo- de la recaudación anual del IRPF, el IVA y los impuestos especiales sobre el alcohol, los hidrocarburos y el tabaco. Adicionalmente, reciben dos compensaciones por las supresiones del Impuesto de Actividades Económicas (en 2002 y 2005), que eximieron del pago de este tributo -el segundo más importante tras el IBI- al 92% de los contribuyentes. Y, finalmente, el Fondo de Complementario de Financiación, que recoge compensaciones extraordinarias y funciona como un corrector para garantizar anualmente esa pretendida suficiencia financiera.

La asignación al resto de localidades de menos de 75.000 habitantes se basa en una serie de variables como la población, las unidades escolares, la capacidad recaudatoria o el esfuerzo fiscal.