El ex alcalde de El Puerto y diputado nacional, Alfonso Candón, acompañado del que fuera consejero delegado de Apemsa durante la etapa del PP-PA, Daniel Pérez; y del ex concejal popular Carlos Montero, comparecieron ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento para hacer una valoración del reciente auto emitido por el Juzgado Número 5 de El Puerto, en el que se les exime del delito de prevaricación en relación a la prórroga de dos contratos a la empresa Aqualia realizado sin concurso público para la gestión y mantenimiento de la Estación Depuradora (EDAR) Las Galeras. El llamado 'caso Apemsa' fue llevado al juzgado por la Plataforma Apemsa no se vende, formada por Ecologistas en Acción, asociaciones y partidos políticos, y ha sido archivado al entender el juzgado que no existió abuso de funciones de los consejeros que votaron a favor de dicha prórroga en un consejo de administración celebrado en el año 2010. En la comparecencia no estuvieron el también ex alcalde de El Puerto, Enrique Moresco; el ex gerente de Apemsa, Juan Campos, y José Manuel Cauqui, consejero de la empresa, que también están incluidos en el sobreseimiento del caso.

Durante el acto, Alfonso Candón leyó un comunicado en el que ofreció su opinión sobre el procedimiento que ahora se archiva, dando las gracias a su equipo de abogados y a quienes confiaron en su inocencia. Comenzó el ex alcalde destacando que el 'caso Apemsa' se ha tratado de una causa política, "auspiciada por personas con interés político que han destilado un odio enfermizo hacia personas inocentes, honradas y honestas". Además, denunció que durante los 33 meses de instrucción penal, "nuestras familias han sufrido el acoso a que nos han sometido personas sin escrúpulos que se han dedicado a manchar nuestros nombres". En ese tiempo los consejeros y altos cargos del PP objeto de la instrucción "se han mantenido en silencio por respeto a la justicia".

"El proceso no fue por malversación, sino por prevaricación; nada que ver con caudales públicos"

Lamentó además que en plena instrucción del caso la Plataforma denunciante y otros actores políticos "nos condenaron sin titubeos, con desprecio hacia el trabajo de la Fiscalía y los jueces. Hemos asistido a la propagación de insultos y acusaciones injuriosas con la única finalidad de menoscabar nuestro honor. Aunque siempre estuvimos muy tranquilos".

Pese a todo, matizó que "por mucho que hayan vilipendiado y atacado nuestra honra poniéndonos a la altura de políticos corruptos, los únicos condenados por sentencia judicial son Juan Clavero, Cortabarría y Carmen Calzado", en alusión a una sentencia que impone a los ecologistas el pago de una multa por una demanda contra el honor presentada por Daniel Pérez.

En cuanto al proceso en sí, abundó Candón "nunca se siguió por malversación pese a que la Plataforma habló de que nos habíamos llevado cantidades dinerarias. Todo eso es mentira. Fue sólo por prevaricación, nada tiene que ver con los caudales públicos. Este extremo quiero que quede claro. Podemos ser mejores o peores y equivocarnos, pero jamás nos hemos llevado un duro de nadie y menos de El Puerto. Se han lanzado todo tipo de calumnias, mentiras e injurias y se han metido con personas honradas ", subrayó el diputado.

En cuanto a su condición de aforado, señaló que nunca estuvo "imputado ni investigado, guste o no a Clavero". Y explicó que el aforamiento existe para garantizar el normal funcionamiento de las Cortes. No obstante matizó que en su caso, "viendo que la actuación se estaba alargando y mis compañeros estaban cansados de mentiras y dilaciones, decidí acudir voluntariamente a declarar. Es lo que ellos querían: verme hacer el paseíllo por el Juzgado". Después de esto, "PSOE, IU y Podemos se dedicaron a pedir mi dimisión por el hecho de acudir al Juzgado a colaborar con la justicia", lamentó.

En sede judicial, Candón explicó que los contratos estaban avalados por tres informes: jurídico, económico y técnico, Y que contaba "con la garantía del secretario del Ayuntamiento", presente en el consejo de administración donde se aprobaron las prórrogas. Los grupos de la oposición "no votaron en contra, el consejero del PSOE dijo que él no tenía motivo para votar en contra pero se abstenía". Se preguntó por ello "cuándo van pedir perdón David de la Encina, Antonio Fernández y Teresa Rodríguez".

Como conclusión, el diputado instó a respetar la presunción de inocencia, expresando su "satisfacción por el archivo y sobreseimiento de la causa, satisfacción por el despeje de toda duda sobre nuestra honradez y honorabilidad... Ha sido un linchamiento. ¿Por qué? todavía no tengo respuesta".

Por último, adelantó que se reservan "el derecho de ejercer todas las acciones judiciales que procedan, por las acusaciones y vejaciones a las que nos hemos visto sometidos durante el proceso".