Miles de agricultores y ganaderos de Huelva participaron ayer en un concentración-tractorada, convocada por Asaja-Huelva, Cooperativas Agro-alimentarias y COAG, que incluyó un corte de tráfico en la A-49 desde las 11:00 y hasta casi las 14:00 para “llamar la atención” sobre “la situación límite que atraviesan” y en defensa de su futuro y el de la provincia onubense como sector estratégico económico que es. Algo más de 400 vehículos agrícolas participaron en la tractorada.

Desde primeras horas de la mañana se concentraron en el polígono El Buitrón en la rotonda San Juan-Trigueros. A la hora prevista los primeros tractores emprendieron la marcha y comenzaron un recorrido por la autovía hasta el cambio de sentido situado a la altura de La Ribera. La comitiva agraria iniciaba así su llamada de atención a las administraciones y retiraba su reivindicaciones.

Más de una hora y media transcurrió hasta que salió el último tractor del lugar de las concentración, mientras quedaba cortado al tráfico un tramo de ocho kilómetros de la autovía, aunque los vehículos transitaban solo por el carril derecho de la vía en dirección a Huelva.

La autovía quedó cortada también de camino de regreso de los tractores al punto de inicio en dirección a Sevilla. Una vez que llegaron al desvío de San Juan del Puerto-Trigueros, la hilera de vehículo se detuvo a la espera que la llegada de los manifestantes a pie que habían emprendido la marcha. Una vez que confluyeron leyeron un manifiesto y una tabla reivindicativa.

En el manifiesto, los convocantes piden “soluciones” a los problemas del sector y aseguran que sus empresas “están al borde del cierre y nuestros pueblos de la despoblación”. “Llevamos años soportando que nos ignoren, que nos ninguneen, llamando la atención sobre una situación que cada vez se volvía más insostenible sin que nadie hiciera nada”, exponen.

Cabeza de la marcha de agricultores y ganaderos.

“Ahora estamos al límite y necesitamos que nuestra voz se oiga alta y clara. No podemos consentir que se nos siga ignorando, que se nos siga usando como moneda de cambio, que se nos sigan haciendo promesas vanas. Hemos decidido que ya basta, que hasta aquí hemos llegado, que no nos conformaremos con soluciones a medias para problemas tan graves como los que pesan sobre nosotros y nos asfixian”, dijo el presidente de Cooperativas Agroa-alimentarias, Cristóbal Picón, que leyó el maifiestó.

Agricultores y ganaderos reclaman, en primer lugar, unos precios justos para “un campo vivo”, un reparto más equitativo del valor de los productos con un “no a la especulación” y un etiquetado “real” donde se especifique la composición de cada producto y el origen de forma clara, ya que los consumidores “deben saber lo que compran y su procedencia”.

Las organizaciones agrarias solicitan también que se establezcan controles de los productos de países terceros, “que sean operativos” y que haya un control efectivo de la entrada de productos de fuera de la Unión Europea.

Otra de las reivindicaciones es conseguir una PAC “más equitativa”, estableciendo mecanismos para fomentar a los profesionales de la agricultura, ya que argumentan que los agricultores producen “calidad y son motor de la economía, no el problema de ningún país” y que generan empleo y riqueza en las zonas rurales, afianzan el territorio, evitan el despoblamiento y producen salud.

Las tres organizaciones agrarias exigen a la clase política que actúe contra “los graves problemas que amenazan al sector primario” y aseguran que la crisis del sector “no tiene un único causante, por más que el Gobierno haya encontrado en los bajos precios en origen una salida ideal para distraer la atención del sinfín de motivos que han provocado la situación actual, algunos, causados por él mismo”.

Cabeza de la marcha de agricultores y ganaderos.

En su opinión, “los bajos e injustos precios con los que se paga al agricultor y al ganadero su producción constituyen un gravísimo problema, y encontrar una solución para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria es muy deseable, pero no es ni remotamente el único”.

Según las asociaciones el sector agrario lleva años batallando para sobrevivir a pesar de la proliferación de acuerdos comerciales con países terceros que “inundan sin control nuestros mercados de productos de baja calidad que incumplen la legislación laboral y sanitaria europea, a la que sí tenemos que ceñirnos en España”.

Asimismo, reclaman la eliminación de los aranceles de Estados Unidos y negociación eficaz respecto “a otros ataques” a sus producciones como el Brexit o el veto ruso.

Otra de las reivindicaciones es la de articular ayudas directas urgentes para paliar la sequía que padece la provincia desde hace ya dos años y que están sufriendo los cultivos y la ganadería “obligando a los productores a incrementar sobremanera los costes de producción”.

Por ello, piden para “este desastre climático” la misma consideración que tienen eventualidades como las tormentas y han solicitado “seguros más eficaces, más accesibles y adaptados a la realidad climática imperante”.

Agricultores y ganaderos lamentan “la insoportable fiscalidad de insumos y bienes de producción y la subida constante de impuestos a elementos imprescindibles para la tarea agrícola como el gasóleo, la excesiva carga burocrática que se incrementa año a año con nuevas disposiciones o la incertidumbre por el futuro de la PAC”.

Las asociaciones agrarias piden “comprensión” a la sociedad ante “las posibles incomodidades que pueda provocar una protesta”, porque “no se trata sólo de una crisis de precios. Se trata de una crisis integral”. También señalaron que “no estamos en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional”, aunque indicaron que esta medida “está poniendo en riesgo a cientos de explotaciones en toda Andalucía” y que en Huelva, donde predomina un tipo de agricultura que precisa de una gran cantidad de trabajadores, “amenaza con dejar en la cuneta a las empresas y también a todos los que trabajan para ellas y que contribuyen, juntos, a mantener la población, el desarrollo y la riqueza en el medio rural”.

Para las organizaciones agrarias el Gobierno “no ha calibrado que una subida del 30% a la que hay que sumar los consiguientes gastos sociales, no podía ser asumida en igualdad de condiciones por todo el tejido empresarial”.

Por ello, reclamaron una “compensación inmediata” del incremento del coste del empleo en las explotaciones agrarias, ya que la subida del SMI “no puede ser repercutida en el precio del producto”, por lo que han exigido al Gobierno medidas como “la reducción o la bonificación de la cotización de las cuotas de la Seguridad Social de forma que el incremento de los costes laborales pase del 34 al 14 por ciento, entre otras”.