Los planes que tenía la Comisión Española de Atención al Refugiado (CEAR) de abrir un centro de atención para inmigrantes en Churriana este mes de junio pasan por un bache: Urbanismo ha abierto expediente a la obra y la paraliza mientras estudia si pueden seguir con los trabajos. 

En una comparecencia a petición de Vox en Comisión de Urbanismo, Carmen Casero, concejala del ramo, ha asegurado que el pasado viernes, tras una segunda visita del técnico de infracciones tras denuncias de vecinos y policía, refrendó que los trabajos no se correspondían, al menos no al completo, con una declaración responsable, trámite al que se habían acogido. 

Ahora, tras abrirle un expediente de sanción, estudian si es la obra es legalizable y ha pedido a la promotora que justifique qué parte de esta sí cabría bajo la figura de declaración responsable. Además, Casero ha pedido a la Subdelegación de Gobierno que informe "tanto a los vecinos como al Ayuntamiento" de sus intenciones, asegurando que no conocía la pretensión del CEAR hasta que se hizo público. 

El pasado viernes, el coordinador en Andalucía oriental de la ONG, Francisco Cansino, aclaró que “todavía faltan algunos flecos” por lo que no lo dio totalmente por cerrado. “Estamos trabajando en ello y es prácticamente seguro”, añadió. Pero precisó que sólo sería por los meses de junio y julio.

En la actualidad, CEAR tiene alojados unos 190 inmigrantes junto al colegio Unamuno, en Miraflores de El Palo, dentro del programa de acogida de emergencia por la crisis humanitaria en Canarias. Pero, tal como acordó en su día con la propiedad, la organización tiene que dejar estas instalaciones. Por eso prevé el traslado a una residencia que regentan unas monjas en la urbanización El Olivar, en Churriana; una iniciativa que ha generado rechazo entre los vecinos de la zona.

La acogida humanitaria forma parte del mismo programa que en su día llevó a Cruz Roja a alojar en Torrox a inmigrantes que también procedían de Canarias. Respecto a la oposición vecinal al traslado, el representante de CEAR señaló: “Entendemos cierta inquietud, pero va mal encaminada. No podemos volver la cara a la realidad de la migración, ni relacionarla con violencia o delincuencia”. De hecho insistió en que tienen que dejar las instalaciones de Miraflores de El Palo no porque haya habido algún problema, sino porque ese fue el acuerdo alcanzado en su día con el propietario.

En estas instalaciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones autorizó 250 plazas, aunque nunca se llegó a cubrir ese número. En la actualidad, hay unos 190 inmigrantes. En Churriana, la cifra de plazas sería menor.