El conflicto laboral que tiene a los vigilantes de seguridad del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF) sin cobrar sus nóminas desde mayo sigue sin vislumbrar una salida cuando se disponen a cumplir 6 meses ya desde que Hacienda pusiera en práctica el embargo de la empresa que tiene adjudicado el servicio, la mercantil sevillana Pretoria Seguridad.

La situación de los cinco profesionales que trabajan en estas instalaciones dependientes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es cada día más insostenible y desesperada. Aunque no han dejado de trabajar, a pesar de que están sin cobrar. Y La prolongada falta de ingresos lleva tiempo pasándoles factura. “Ya tengo el aviso para el corte de luz. Es la estocada final a todo lo que estamos pasando”, explica uno de los afectados.

Desde el Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz se ha solicitado a la Agencia Tributaria el levantamiento del embargo ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los cinco vigilantes y dado que existe un auto del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla del pasado mes de julio en el que se ha ordenado suspender los procedimientos de ejecución seguidos por los acreedores públicos frente a Pretoria Seguridad al haberse abierto un proceso de negociaciones por esta otra vía legal.

Al existir un acuerdo entre el CRMF y la citada mercantil para ceder el derecho de créditos, los trabajadores podrían cobrar directamente sus salarios tras el levantamiento del embargo.

Según los propios afectados, en paralelo el Ministerio está tramitando una licitación urgente para el servicio de vigilancia de las instalaciones por el plazo de 6 meses, si bien –por la información que les llega– el nuevo contrato no suscita el interés de las empresas del sector dada la problemática que hay.