Tras la suspensión del plan especial del entorno del Carrascón por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Ayuntamiento de San Fernando ha planteado a la Abogacía del Estado – que representa los intereses del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el contencioso que ha planteado contra el Consistorio a instancias de Costas– retrotraer el proceso administrativo previo a la aprobación definitiva al punto que genera discusión entre ambas administraciones: esto es, la apertura de un periodo de consultas y negociaciones de tres meses cuando se emite un informe desfavorable a fin de llegar a un acuerdo.

Así lo anunció la alcaldesa, Patricia Cavada, durante el pleno ordinario que se celebró el pasado viernes, en el que el grupo municipal Vox abordó la situación en la que quedaba el plan del Carrascón tras el varapalo de las medidas cautelares aprobadas por el TSJA.

La moción de Vox no salió adelante dada la mayoría absoluta del el PSOE en la Corporación Municipal pero sirvió para que el ejecutivo se pronunciara acerca del conflicto judicial y explicara las medidas que va a adoptar, que pasan por esa propuesta para replantearse la tramitación administrativa del plan especial a fin de evitar un largo contencioso de incierto resultado.

Cavada, en todo caso, plantó cara a las críticas generalizadas de la oposición para asegurar que "hay informes" de Costas en el expediente y achacó el recurso a "una cuestión de interpretación jurídica de la norma" en relación a la apertura del citado periodo de consultas.

"Existe una norma, que dice que ante un informe negativo hay que abrir un periodo de consultas, que interpretamos distinto (el Ayuntamiento y Costas). Nosotros consideramos que la apertura de dicho periodo la tenía que haber solicitado Costas y Costas sostiene que deberíamos haberlo pedido nosotros", señaló. De ahí que desde el Ayuntamiento se vaya a pedir a la Abogacía del Estado retrotraer el proceso a esa fase "para darnos todas las garantías jurídicas".

Eso sí, desde el equipo de gobierno no se discute el fondo de la cuestión: el desarrollo propuesto para la zona, que la alcaldesa afirmó que se va a defender "con uñas y dientes" porque es "un desarrollo sostenible que integre el litoral con la ciudad".

La propuesta para esta amplia superficia que abarca 1.143.223,28 de metros cuadrados que discurren entre el Zaporito y el muelle de Gallineras plantea distintas actuaciones tendentes a propiciar su integración con el Parque Natural: mejorar los accesos y el sendero existente, ampliar el paseo a lo largo de la Ronda del Estero, habilitar nuevas plataformas peatonales, implantar actividades deportivas, de ocio y esparcimiento, desarrollar zonas verdes, favorecer la recuperación de salinas, habilitar aparcamientos... Algo –recordó Cavada– que de hecho ya existe en otros puntos del mismo término municipal y que no supone incumplimiento alguno de la Ley de Costas.

"Vamos a luchar hasta el final por un proyecto en que creemos", afirmó, por su parte, el delegado de Planificación y Gestión Urbana, José Luis Cordero, al intervenir también en este punto para señalar a la política del equipo de gobierno "de dotar al litoral de grandes zonas verdes para conseguir una ciudad amable y sostenible en el marco de los principios de la agenda 2030".

Según el responsable municipal de Urbanismo, "el informe de Costas se presentó cuatro meses antes de la aprobación definitiva y tenían dos meses para contestarlo pero lo hicieron siete meses después".