Dos informes técnicos –uno del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz y otro de la delegación municipal de Medio Ambiente– descartan por completo la existencia de riesgo de incendio y de contaminación ambiental por la acumulación de vehículos en el depósito de la Policía Local de San Fernando.

Ambos fueron elaborados en el pasado mes de marzo, antes de que desde el Ayuntamiento isleño se procediera a la retirada de los turismos y motocicletas que estaban en el recinto, y constituyen los principales argumentos de las alegaciones presentadas al expediente sancionador que ha iniciado la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, que considera que el Consistorio ha cometido dos infracciones muy graves al no afrontar la retirada y tratamiento de los vehículos y propone multas por un importe conjunto de 900.509 euros.

La situación generada en el depósito se debía a que el contrato para afrontar la retirada y el tratamiento autorizado para la eliminación de los vehículos retirados de la vía pública por abandono había expirado en el pasado año 2020 y el Consistorio se había retrasado en la licitación de uno nuevo, lo que dio pie a una denuncia del CSIF a la que luego se sumaron también varios partidos políticos. Uno de ellos, Plataforma 3R, ha llevado también el tema hasta la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, que esta semana ha anunciado la apertura de diligencias de investigación.

El Ayuntamiento, en todo caso, acometió en el pasado mes de marzo la retirada de los vehículos y esta misma semana ha licitado un nuevo contrato para gestionar el servicio.

Los informes del Consorcio de Bomberos y del técnico de Medio Ambiente parten de la evaluación de las condiciones del depósito de la Jefatura, de mediciones objetivas de posibles emisiones de gases, de vertidos, de la distribución de las redes de saneamiento, del impacto en la flora y fauna y de la generación de residuos.

Y descartan tanto el riesgo de incendio como la contaminación o el riesgo ambiental, los dos principales argumentos en los que se basa el expediente sancionador de la Junta. No hay más riesgo en realidad del que pueda existir en cualquier otro lugar en el que hay decenas de vehículos estacionados.

Bomberos dicta un informe favorable tras evaluar las dependencias y certifica que "el nivel de riesgo de las instalaciones es bajo". Y el técnico municipal responsable de Medio Ambiente concluye igualmente que "ni existen emisiones a la atmósfera, no se ha afectado a flora o fauna y no existen vertidos, garantizándose que las aguas residuales se gestionan correctamente a través de las redes municipales de saneamiento".

Precisamente, al expediente sancionador de la Junta se le recrimina que se base únicamente "en una apreciación subjetiva, sin el sustento técnico necesario, provocando una simplificación del análisis y del presunto daño para el medio ambiente".

De hecho, no se llevó a cabo una inspección del recinto por parte de los técnicos de la delegación territorial de la Junta y el expediente sancionador –a pesar de que considera que se han cometido dos infracciones muy graves por las que plantea sendas multas cercanas al millón de euros– no se apoya en informes técnicos sobre mediciones sobre emisiones de gases, analíticas sobre contaminación de suelo y de aguas residuales.

No son "residuos peligrosos"

Otra de las claves de estos informes en los que se sustentan las alegaciones del Ayuntamiento se basa en la catalogación de los vehículos acumulados en el depósito como "residuos peligrosos", que es precisamente la que lleva a achacar al Consistorio que ha cometido infracciones muy graves.

Sin embargo, el informe elaborado por el técnico municipal de Medio Ambiente alude a la normativa específica que regula la gestión de los vehículos en estos casos para asegurar que no son residuos peligrosos por el simple hecho de estar en el depósito de la Policía Local. De hecho, la norma establece concretamente que "el automóvil al final de su vida útil tendrá la consideración de residuo a partir del momento en que se cumplan las dos condiciones siguientes: que un CAT (Centro Autorizado de Tratamiento) haya emitido el Certificado de Destrucción y que el automóvil se halle en el recinto del CAT que ha emitido el certificado de destrucción".

La ley, concluye el informe, "señala de forma inequívoca que los vehículos independientemente de su procedencia únicamente alcanzan la naturaleza de residuos en el momento de su entrega al CAT y no antes", por lo que no procedería sanción alguna al Ayuntamiento en este sentido.

Los informes de Bomberos y Medio Ambiente inspeccionan también las condiciones del recinto, vallado en todo su perímetro así como la separación que existe con los edificios colindantes –la residencia de mayores y el instituto cercano por viales– para descartar igualmente que se hayan puesto en riesgo, como señalan tanto las denuncias sindicales y políticas como el expediente sancionador de la Junta.