Lejos de que la reunión del lunes sirviera para acercar posturas en busca de una solución al problema de colegio San Ignacio tras la declaración de ruina, el encuentro ha venido a encender aún más los ánimos.

Si el Ayuntamiento de San Fernando recriminaba ayer a la Junta que no se implicaba en la cuestión y que todo lo que se había realizado lo había hecho "en solitario y más allá del límite de las competencias municipales", este miércoles la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, Isabel Paredes, ha emplazado al Consistorio isleño a "desbloquear la situación administrativa que viene generando con el anuncio de una futura ampliación del CEIP San Ignacio".

Una actuación -ha afirmado en un comunicado- "que a medio plazo estaría condicionada por la prioridad que supone actuar sobre la creación del office que permita garantizar los servicios complementarios de comedor", lo que daría garantías de cara a la conciliación de la vida laboral y familiar de la comunidad educativa.

Así, en el encuentro celebrado el lunes con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Fernando, Javier Navarro, responsable de Infraestructuras y Mantenimiento Urbano y la concejala de Educación, Pepa Pacheco, junto a los miembros de la AMPA y la dirección del CEIP San Ignacio y técnicos de la administración educativa, la delegada trasladó a los representantes municipales "la necesidad de desbloquear por parte del Ayuntamiento los trámites administrativos que impiden crear el itinerario de prioridades y actuaciones en torno al futuro del colegio".

Reunión de la delegada territorial de Educación con el Ayuntamiento, la comunidad educativa y personal técnico, para abordar la situación del colegio San Ignacio.

Módulos para el próximo curso en el patio de Primaria

Antes de dar luz verde a la ampliación del edificio en el que actualmente están reubicados los alumnos, la prioridad para Educación es resolver el problema del comedor (que se ha tenido que reubicar en otro centro, el CEIP Quintanilla). Y para ello -insiste en el comunicado- el Ayuntamiento debe afrontar la adecuación del office que da servicio al comedor y "dar respuesta a las deficiencias encontradas en el edificio" en este sentido. 

Según la Junta, la concejala del Ayuntamiento, Pepa Pacheco, informó en la reunión del proceso en el que se encuentran las gestiones del Ayuntamiento en cuanto a la licitación del proyecto para a subsanación de las deficiencias encontradas por la empresa adjudicataria, a través de la OCA presentada, la inspección de la instalación eléctrica realizada según lo prescrito en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en la que se han señalado las carencias del edificio para dar cabida al office del comedor. 

Por otro lado, la administración autonómica ha anunciado que va a solicitar información técnica al Ayuntamiento para ver la situación en la que se encuentra el patio del edificio de Primaria (el que se ha declarado en ruina), como trámite previo para comprobar la viabilidad de establecer el aulario de módulos, que se baraja como alternativa para el próximo curso.

Isabel Paredes, en su nota, traslada a la comunidad educativa "su reconocimiento por el compromiso mostrado siempre en la pervivencia de un centro emblemático que además cuenta con el mayor número de matriculaciones de alumnos en los tres últimos años". Un dato que para la delegada "significa un hecho fundamental para que las administraciones vayamos de la mano en todo momento, con la lealtad institucional que nuestra comunidad merece y generando los acuerdos necesarios, para que podamos establecer con eficacia las prioridades de actuación y a la vez dar cumplimiento a nuestros compromisos institucionales, en cuanto a garantizar los servicios complementarios y el normal desarrollo del proceso de enseñanza, sin generar inquietud o incertidumbre en la comunidad educativa".

Con respecto al borrador del convenio, previamente redactado por el Ayuntamiento en relación con las iniciativas planificadas en el centro, afirma que "el estudio de un acuerdo no resulta factible en tanto no se hayan abordado y subsanado las deficiencias identificadas por la OCA, en virtud de la importancia de garantizar la integridad y cumplimiento normativo en todas las etapas del proceso".