caso de los ere

La Audiencia cierra el banquillo de la "pieza política" de los ERE con 22 ex altos cargos imputados

  • Desestima los tres últimos recursos presentados por el ex interventor general y otros dos procesados.

Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. / A. Pizarro

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Banquillo cerrado. El primer juicio de los ERE, en el que se enjuiciará el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas, se ha cerrado finalmente con 22 ex altos cargos procesados, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha desestimado los tres últimos recursos presentados contra el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo de 2016 y, en concreto, ha rechazado las alegaciones del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez.

En el caso de Antonio Vicente Lozano, el tribunal rechaza en primer lugar que se haya vulnerado el derecho al juez natural por el hecho de que la investigación la realizara el juez de refuerzo Álvaro Martín, al recordar que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) autorizó su intervención en la diligencias previas 174/2011, la causa matriz de los ERE.

Lozano fue director general de presupuestos entre 2002 y 2009 y, según la Audiencia, tenía "responsabilidad tanto en la elaboración del presupuesto como en las modificaciones presupuestarias", además de que "no pudo pasar inadvertido el desfase continuado y sostenido" en la Consejería de Empleo, provocado por las transferencias de financiación al IFA/IDEA y que ascendido a 30 millones en 2002, 93 en 2004, 95 en 2005, 58 en 2006, 40 en 2007 y 33 en 2008. "Estos déficits se mantuvieron de manera continuada durante años parece que a ciencia y paciencia, entre otros del apelante, quién no puso coto a esta sangría presupuestaria".

Asimismo, Lozano intervino en las ocho modificaciones presupuestarias que se produjeron en su mandato y los indicios apuntan a que intervino "con conocimiento del uso perverso que de ellas se efectuaba en la Consejería de Empleo".

En cuanto al recurso del que fuera secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez, que ocupó el cargo entre 2000 y 2004, el tribunal señala que éste era "uno de los máximos responsables en materia presupuestaria, como lo revela el hecho de que era el impulsor y coordinador de la misma, aparte de estar orgánicamente adscrita a esa secretaría general la Intervención General de la Junta de Andalucía", por lo que "se puede predicar indiciariamente que el apelante tenia capacidad decisoria en materia presupuestaria".

Para la Audiencia, Estepa "pudo participar en uno de los hitos del procedimiento específico, cual es la inclusión de las transferencias de financiación en el presupuesto de la Consejería de Empleo", además de que de su propia declaración se infiere su participación en la inclusión de las transferencias de financiación, introducidas por primera vez en los presupuestos de 2002. "Es razonable pensar que por su cualificación profesional -inspector de Hacienda- tuvo que percatarse de lo que se hacía, máxime si se tiene en cuenta que en el año 2001 informó la memoria justificativa de la modificación presupuestaria indicada".

Inicialmente eran 26 los acusados, pero la Audiencia ha dejado finalmente fuera del juicio a cuatro acusados. La semana pasada la Audiencia exculpó al ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde, al ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y al ex viceconsejero de Empleo de la Junta Justo Mañas, al estimar los recursos presentados por estos tres ex altos cargos contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que los procesó junto a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con la exculpación de estos tres ex altos cargos, la causa del denominado "procedimiento específico" de los ERE se dirige contra 22 acusados, dado que recientemente la Audiencia también exculpó al ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín.

Justo Mañas fue viceconsejero de Empleo entre el 1 de abril de 2010 y el 10 de mayo de 2012, además de miembro del consejo rector de la agencia Idea, y coincidió en el cargo con el entonces consejero Manuel Recio, cuya causa fue archivada, por lo que la defensa de Mañas, que ejerce el letrado Miguel Cuéllar, consideró "contradictorio" que se acordara el sobreseimiento provisional con respecto al máximo responsable de la Consejería de Empleo y se mantenga sobre el "segundo de a bordo" de la misma.

Dice la Audiencia que la diferencia que estableció el juez de refuerzo Álvaro Martín entre el consejero y el viceconsejero no es otra que Justo Mañas "tuvo conocimiento" de que en la Dirección General de Trabajo se seguían concediendo ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con vulneración de la legislación en materia de subvenciones y a pesar de ese conocimiento permitir que en Idea se continuara "actuando de modo torticero, mientras que no se predica tal conocimiento en el señor Recio".

El tribunal añade que aunque Mañas participó en varias sesiones del consejo rector de Idea, en "ninguno de los acuerdos adoptados en esas sesiones han sido abonados por la Dirección General de Trabajo como ayudas sociolaborales y a empresas en crisis", por lo que "no se puede predicar que el apelante participara de modo alguno en la aprobación de acuerdos que supusieran la concesión de las mencionadas ayudas".

Los magistrados reconocen que durante su mandato se concedieron ayudas a los astilleros de Sevilla y de Huelva, pero sobre esta última señala que lo relevante era que la misma se efectuó "conforme a la tramitación para las subvenciones extraordinarias", un criterio que ha sido corroborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

El auto recuerda que el denominado "procedimiento específico" se creó en el año 2000 y se mantuvo durante una década sin que por parte de las personas que hayan podido participar en el mismo "pusieran freno a esta huida hacia delante, consistente en no respetar y/o imponer los mínimos controles que la legislación ofrece para garantizar el correcto uso de los fondos públicos, esencial en un Estado Social de Derecho Democrático, como define la Constitución a España"

Y en el año 2008, la "caótica y errática actuación" del director de Trabajo Javier  Guerrero  dio lugar a su cese y al nombramiento de Juan Márquez en abril de ese año. Durante el mandato de este último, se detectó que los expedientes de las ayudas eran "extremadamente irregulares", pero durante el mandato de Manuel Recio y Justo Mañas "hubo importantes cambios en la concesión de dichas ayudas, por lo que no se puede predicar sin más que su actuación se limitó a mantener el sistema implantado a partir del año 2000", dado que se tomaron las medidas de control de los expedientes de ayudas de la Dirección General de Trabajo y en la la Consejería de Empleo "desaparecieron las transferencias de financiación como mecanismo d concesión de dichas ayudas".

Además, en noviembre de 2010 se inició en la consejería un plan de acción de medidas concretas y de recuperación de pagos indebidos, por el que se realizó un procedimiento de información reservadas en relación con las ayudas a Mercasevilla, al que siguieron otros acordados por el entonces director de Trabajo Daniel Alberto Rivera. Estos procedimientos dieron lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales "72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas". Estas 126 personas han percibido "más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación", precisa la Audiencia.

La Cámara de Cuentas añadió que a partir del año 2010 con la "determinación activa del señor Rivera", se han revisado de oficio ayudas por importe de más de 67 millones, por lo que con respecto a los tres investigados -Justo Mañas, Daniel Alberto Rivera y Antonio Valverde- de los hechos expuestos "se desprende más bien que contribuyeron al desmontaje del sistema urdido sobre la base de las transferencias de financiación como método irregular de distribución de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis tan reiteradas". De ahí, que en el caso de los tres ex altos cargos "no se puede predicar que concurran indicios sólidos para mantenerlos como imputados en esta causa, sin perjuicio de las responsabilidades penales derivadas de los pagos hechos a través de la asunción de compromisos adquiridos con anterioridad al ejercicio de sus funciones en la Consejería de Empleo, que corresponde esclarecer, en su caso, en los procedimientos concretos que se hayan abierto o abrán para indagar cada ayuda en concreto".

La Audiencia de Sevilla, en otros dos autos, se pronuncia en términos similares con respecto a las acusaciones contra el ex director general de la agencia Idea Antonio Valverde y el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera.

Sobre Daniel Rivera, la Audiencia señala que es cierto que en el año 2010 acordó la concedión de ayudas por importe de unos 36 millones, pero "no lo es menos que tanto en la Consejería de Empleo como en la dirección general de Trabajo durante su mandato se adoptaron medidas tendentes a cambiar el estado de las cosas, por lo que no se puede predicar que mantuvo sin más el procedimiento específico", concluye.

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