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El Gobierno ve posible un pacto sobre el impuesto a los depósitos bancarios

  • El delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Luis García Garrido, confía en que la negociación evite el recurso contra el acuerdo aprobado por la Junta

El delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, considera "posible" que la "negociación" que se mantiene abierta con la Junta en relación con el impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito aprobado por la Junta culmine con un acuerdo que evite la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central. García Garrido ha explicado que el Ejecutivo de la nación y la Junta "estamos trabajando, negociando y viendo las necesidades de acercamiento" en relación con este asunto y ha dejado claro que "la voluntad es resolverlo, aunque cada gobierno defiende su interpretación".

Las dos instituciones están en una fase de negociación permitida por el ordenamiento jurídico español, por lo que, según García Garrido, "es posible el acuerdo, porque cuando las partes se sientan es que existe voluntad de alcanzarlo".

Junta y Gobierno central decidieron a principios de octubre "iniciar negociaciones" con el objetivo de "resolver" las "discrepancias" expresadas por la Administración central respecto a la creación de un impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito aprobado por la Junta .

Así lo acordaron en una reunión de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, que designó a un grupo de trabajo encargado de "proponer" a la citada Subcomisión "la solución que proceda" para superar las discrepancias en relación con el artículo sexto del Decreto Ley 4/2010 de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad del Ejecutivo autonómico, que recoge la creación del impuesto sobre los depósitos bancarios en Andalucía.

Dicho acuerdo fue comunicado al Tribunal Constitucional antes del 9 de octubre, lo que ampliaba a nueve meses el plazo en el que el Gobierno central estaría habilitado para plantear un eventual recurso contra la norma autonómica. Dado que el Decreto Ley 4/2010 data del 6 de julio, dicho plazo concluye en abril de 2011. Se da la circunstancia de que el Gobierno de la Nación decidió recurrir la creación de un impuesto sobre depósitos bancarios en Extremadura, que la aprobó en 2001 bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El nuevo impuesto aprobado por la Junta prevé gravar los depósitos bancarios con un 0,3% hasta 150 millones de euros; un 0,4% hasta 600 millones y un 0,5% para más de 600 millones. Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011 prevén recaudar 132 millones por este concepto.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dio por hecho el pasado día 10 de junio que el Gobierno central recurriría ante el TC la creación del impuesto sobre depósitos bancarios en Andalucía por coherencia con la norma que mantiene recurrida en el caso de Extremadura, aunque no prevé que ello suponga problemas para su aplicación porque ya está en vigor en aquella comunidad.

Al día siguiente, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, marcó distancias con esta medida al advertir que hay que evitar la "segmentación" y "distorsión" del mercado financiero imponiendo tasas autonómicas a los depósitos en las entidades de crédito, si bien respaldó la competencia de las comunidades para "hacer lo que quieran" en materia fiscal siempre que cumplan con los objetivos de reducción del déficit público.

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