Hasta el 27 de noviembre los ayuntamientos costeros de Andalucía sin planes de ordenación territorial, 52 de los 62, tienen suspendidas sus potestades para aprobar proyectos urbanísticos en los primeros 500 metros de costa. Ésta fue una de las medidas cautelares aprobadas por la Junta de Andalucía en noviembre de 2012 para evitar que se aprueben nuevos desarrollos mientras regula la ordenación del litoral andaluz. Este decreto estipuló la aprobación en el plazo máximo de dos años de un plan de protección del litoral que recogiera las bases futuras del urbanismo en el litoral de la comunidad autónoma. Este plazo concluye dentro de diez semanas sin que haya garantías de la aprobación del plan. Las medidas cautelares quedarían extinguidas y estos ayuntamientos podrían aprobar nuevos usos en este tramo.

Los ecologistas se preguntan qué ha pasado con este plan que se convirtió en el proyecto estrella del entonces consejero Luis Planas, destacado dirigente socialista que intentó enfrentarse en unas frustradas primarias a Susana Díaz en el PSOE andaluz. Planas fue relevado a continuación en el nuevo Gobierno de la Junta y está de vuelta en Bruselas.

El plan del protección del litoral se sometió a información pública el 24 de julio de 2013, aún con Planas en el Gobierno, y dio de plazo hasta el 31 de octubre para la presentación de alegaciones. Después del tiempo pasado sin noticias, los ecologistas dudan del espíritu del nuevo Gobierno de Susana Díaz para poner coto a la actividad urbanizadora en los márgenes que gestó el anterior equipo, liderado por la entonces secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega.

Esta redacción ha intentado sin éxito conocer las intenciones de la Consejería de Medio Ambiente, ahora dirigida por la también socialista María Jesús Serrano, aunque fuentes del departamento exponen que la filosofía pasa por aprobar el plan antes de que finalice el año, dentro del plazo, y justifican que la demora se debe a las más de 4.000 alegaciones presentadas. De hecho, subrayan las mismas fuentes, aunque el periodo de alegaciones concluyó, todavía hay alcaldes y otros colectivos que están haciendo llegar a la Consejería sus comentarios.

La oposición de muchos ayuntamientos, de distinto color político y en su mayoría de las provincias de Málaga y Almería, y la presión de los constructores motivan para los ecologistas la incertidumbre sobre la aprobación del plan.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Lola Yllescas, asegura que estos opositores al plan "no quieren limitaciones y por eso el plan está paralizado desde que se fue Planas. No hay indicios de movimiento en el año que lleva Susana Díaz. Es el gran olvidado". Esta organización presentó más de cien alegaciones al proyecto y se mostró disconforme con que se respeten los proyectos urbanísticos que ya están aprobados en los planes de ordenación vigentes de los ayuntamientos. En este último año ninguno de esos 52 municipios costeros pendientes de adaptar sus PGOU a la ley andaluza de ordenación del territorio lo ha hecho, a pesar de que se ha flexibilizado el procedimiento en varias ocasiones.

A pesar de esas discrepancias, Yllescas subraya que "el plan está muy bien elaborado, por los propios técnicos de la Consejería y no por empresas externas como es habitual. Constituye un compromiso de protección del litoral que no se puede perder".

El plan de protección del litoral andaluz se gestó tras la polémica de hace dos veranos en la playa de Valdevaqueros, en Tarifa. El pleno del Ayuntamiento de Tarifa, con los votos a favor del equipo de Gobierno del PP y el apoyo de PSOE y PA, sacó adelante un plan urbanístico que previó levantar 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas en este entorno virgen del litoral gaditano. Una plataforma ciudadana se opuso desde el primer momento. El plan general era del año 1995.

La entonces Consejería de Planas decidió revisar todos los planteamientos urbanísticos metidos en un cajón, ya que muchos se remontan a la época del auge inmobiliario. Se filtrarían cuáles pueden salir adelante por interés económico y medioambiental, y cuáles no. Por eso la Consejería decretó una suspensión cautelar de los planeamientos y sería el prometido plan el que decida qué proyectos siguen adelante.

En total, los planes durmientes de los ayuntamientos prevén construir un millón de viviendas nuevas, de las cuales un gran porcentaje estarían previstas en el litoral. Planas subrayó para apaciguar las críticas al decreto que unas 40.000 viviendas en el litoral se librarían de este bloqueo, porque ya estaban recogidas en los planes de ordenación.

Ese futuro plan, si se aprueba en los mismos términos, protegerá los primeros 500 metros de costa. Hasta ahora los planes subregionales más ambiciosos comprenden 200 metros, el doble de los cien metros de la ley de Costas. Ésta es la linea que por lo general han marcado las comunidades que ya cuentan con planes de protección, y que son Cantabria (2004), Asturias y Cataluña (2005), País Vasco (2007) y Galicia (2011). Cataluña eleva la protección a 2.000 metros. Andalucía espera.